Durante una entrevista a Televen, aseguró que la denuncia que ha hecho el Gobierno de que muertos firmaron para activar un referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, no es “una olla montada por el oficialismo” porque hay denuncias de parte de ciudadanos ante la Fiscalía que demuestran que fue un hecho.
“(La oposición) tiene que asumir la responsabilidad por el carácter fraudulento. Cualquier ciudadano por este carácter puede solicitar la paralización del proceso”, sostuvo.
Añadió que el chavismo no le teme al revocatorio pero que los seis meses que quedan de año lo debe concentrar “en el desarrollo del Arco Minero, en el tratamiento de la deuda externa, en seguir luchando por la estabilidad de los precios del petróleo, garantizar que los productos que lleguen a los puertos lleguen a los mercados. A esto nos vamos a dedicar en los próximos seis meses”.
“No queremos revocatorio porque hemos sido defensores del derecho a gobernar que tiene esta corriente democrática, gobernada por la voluntad popular, conformada por personas que en algún momento fueron marginadas. Aspiramos culminar el período constitucional. Quienes quieren el revocatorio debieron haberlo hecho a tiempo”, indicó.
Argumentó que los Poderes Públicos tienen competencia constitucional y que las decisiones que han tomado son las correctas. “Son cuerpos colegiados y se decide por mayoría. La mayoría (del Consejo Nacional Electoral) consideró, analizando los informes técnicos, que los lapsos son los establecidos allí (en el cronograma presentado por la presidente del Poder Electoral, Tibisay Lucena, el martes pasado) y que no dan los tiempos para que el referéndum se haga este año”.
«La oposición de espalda al diálogo»
Aseguró que la oposición se ha negado al diálogo propuesto por el presidente Nicolás Maduro, pero que la radicalidad del proceso chavista no va a mermar.
“Nuestro proceso es un proceso radical. Una gran alianza de campesino, trabajadores comuneros, que llegó al poder con un programa estratégico de transformación revolucionaria que establece un modelo de economía mixta, donde el Estado tiene el papel fundamental de regular el sector privado. Tiene la obligación de democratizar la propiedad individual”.