La democracia en Venezuela está en entredicho luego que una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declarara la nulidad de todas las decisiones tomadas por la Asamblea Nacional, un poder público que declaró en desacato.
“Las decisiones del TSJ ponen en duda la democracia en Venezuela”, afirmó el gobernador del estado Lara, Henri Falcón, en una entrevista concedida a Globovisión.
La orden del Supremo muestra que Venezuela no cuenta con un sistema judicial transparente, añadió el gobernador opositor, quien aseguró que los miembros del máximo tribunal responden a las órdenes del Ejecutivo.
Para Falcón, la decisión del TSJ pone al país «en un limbo jurídico”.
Por su parte, el abogado Omar Estacio, defensor del preso político Antonio Ledezma, cuestionó la imparcialidad de los miembros del Supremo. “Este es el Tribunal de Maduro; no de los venezolanos”, aseguró este martes Estacio en el programa radial matutino que conduce el secretario general de la Mesa de la Unidad, Jesús Torrealba.
“Yo dudo que la mayoría de los venezolanos se sienta representado por este TSJ”, afirmó el defensor del alcalde metropolitano.
Según Estacio, la decisión del TSJ evidencia un nuevo paso tomado por el Gobierno para suprimir a la AN, y corrobora que la institución judicial “fue establecida y actúa de manera ilegítima”.
“Los magistrados que fueron pronunciados en diciembre no tienen legitimidad (…) El Tribunal ejerce el poder solo para un grupo cada vez más reducido que apoya a Maduro”, señaló.
Juan Miguel Matheus, experto constitucional y diputado de la oposición, aseguró que «no sorprende» la orden del mayor tribunal del país. «El problema no es el TSJ sino es Nicolás Maduro», agregó el diputado en una entrevista radial.
Matheus afirmó que la única vía para seguir evitando el choque de poderes en Venezuela es activar el referendo revocatorio que aspira la oposición este año contra Nicolás Maduro.
El enfrentamiento entre el máximo tribunal y el Congreso se intensificó el lunes luego de que la Sala Constitucional decidió declarar nula una reforma a la ley que le reserva al Estado las actividades de exploración y explotación de oro que aprobó el mes pasado la mayoría opositora del Legislativo.
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