Venezuela

Gobierno persigue a opositores mientras militariza a Margarita para Cumbre

La XVII Cumbre del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) arranca este martes en la isla de Margarita entre las denuncias de la oposición sobre la persecución a dirigentes políticos y la fuerte militarización del lugar  ante posibles manifestaciones por hambre y escasez.

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El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, denunció el lunes la «persecución»  contra la oposición luego que la policía política Sebin citara a alcaldes y dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), acusados de impulsar protestas durante la Cumbre y de organizar el cacerolazo que sufrió hace dos semanas el presidente Nicolás Maduro en el estado Nueva Esparta.

La casa de Richard Fermín, alcalde del municipio Arismendi de Nueva Esparta, fue allanada por agentes del Sebin al implicarlo con Braulio Jatar, el director del portal informativo Reporte Confidencial, detenido desde el 3 de septiembre por divulgar los videos del cacerolazo y a quien un tribunal lo imputó la semana pasada por «legitimación de capitales».

Jatar, de nacionalidad chileno-venezolana, fue trasladado de la sede del Sebin de Margarita a una cárcel común en el estado Guárico sin avisar a sus familiares, violando sus derechos procesales, denunciaron abogados defensores del director de prensa.

El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, apuntó este lunes que el concejal de Villa Rosa, Gabriel Alarcón «tiene orden de captura», y que otros líderes vecinales, estudiantiles y sindicalistas recibieron citaciones para presentarse en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).

«Se trata de dirigentes políticos, trabajadores, luchadores sociales que fueron citados porque el gobierno militarizó la isla ante un evento de esta naturaleza», dijo Torrealba.

Venezolanos en las redes sociales denuncian el «secuestro» de la turística isla al mostrar imágenes y videos que reflejan el despliegue de más de 14.000 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), de cuerpos policiales y de inteligencia ordenado por el Ejecutivo para resguardar las calles.

«Margarita parece más bien una zona de guerra, debido a la gran cantidad de efectivos militares y de cuerpos de seguridad que se encuentran custodiando las principales vías, estaciones de gasolina y centros comerciales», denunció la MUD en un comunicado.

Por razones de seguridad, la administración de Nicolás Maduro trasladó sorpresivamente a 900 presos que estaban en las cárceles de Margarita otros estados del país, aseguró este martes el diputado opositor Jhonny Rahal, quien acusó al Ejecutivo de jugar la carta «de la represión» para resguardar el evento.

El cerco de seguridad también se siente con la prohibición de vuelos comerciales y privados no oficiales y la venta de pasajes marítimos a la isla.

La directiva del parlamento venezolano, de mayoría opositora, informó esta jornada que canceló los planes de realizar un debate legislativo esta semana en Margarita por problemas para garantizar el traslado de los 167 diputados que integran la Asamblea Nacional (AN).

«No más supo el Gobierno (la intención de sesionar en sede Cumbre) lo consideró una agresión atentatoria contra la seguridad, (…) que aquí se estaba montando el golpe de Estado no sé qué cuánto, y el magnicidio número 23», dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup.

Aseguró que desde la directiva de la Cámara intentaron sin éxito conseguir boletos aéreos debido a que supuestamente el Gobierno de Maduro prohibió que les fueran vendidos y señaló que «también emitieron prohibición de vendernos pasajes a las compañías que garantizan traslados por vía marítima».

La oposición, mayoritaria de la AN, esperaba poder debatir esta semana en la isla por considerar que era «un momento propicio» para «discutir abiertamente y en presencia de los No Alineados las cosas de Venezuela, la separación de poderes, el orden constitucional», dijo Ramos Allup.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Política Exterior del legislativo, Luis Florido, denunció que el Gobierno 120 millones de dólares para organizar esta cita, «mientras el pueblo está pasando hambre y sufriendo para comprar medicamentos porque no hay».

Con información de EFE

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