La oposición se restea con el referendo y la protesta

Aunque en público mantienen reserva, varios líderes de la MUD adelantaron esa tesis entre líneas: “¿Vamos a hacer lo que el Gobierno quiere o lo que queremos como venezolanos? El 80 % del país, que quiere cambio, puede derrotar al 20% que tiene secuestradas las instituciones y transitoriamente el control del país», expresó el dos veces candidato presidencial opositor Henrique Capriles.

“No le vamos a hacer el favor al Gobierno de enterrar el revocatorio”, afirmó el coordinador de la MUD, Jesús “Chúo” Torrealba, y para confrontar al portavoz oficialista Jorge Rodríguez, quien pide al poder judicial que anule la consulta por vicios en la solicitud, tanto para 2016 como para 2017, reiteró la tesis opositora de que “habrá revocatorio este año 2016”.

Dos ex rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) y analistas políticos, Vicente Díaz y Luis Salamanca, también llamaron a sostener el referendo bajo protesta, mientras los responsables de los 27 partidos y grupos que integran la MUD se entregaban a consultas entre ellos y con los comandos que mantienen en todos los estados del país.

El Gobierno, según Díaz, “tiene pánico a la ruta electoral ¿Se abandonará la ruta que los aterroriza?”, y Salamanca consideró que, si la MUD convoca, “la gente acudirá a firmar porque la están desafiando” con las duras condiciones del CNE, las cuales recomendó protestar con un paro cívico nacional.

En un extremo se colocó la lideresa María Corina Machado, según quien “las condiciones impuestas por el CNE no pueden ser aceptadas”, y debe buscarse otra vía de lucha.

Otros dirigentes, como Luis Florido, de Voluntad Popular, el partido del encarcelado líder Leopoldo López, matizaban con la advertencia de que “desde la Unidad no vamos a aceptar 20 % del revocatorio regional. Somos mayoría y restituiremos la Constitución”.

El 20 % del padrón electoral es el requisito básico que prevé la Constitución para que pueda llamarse a un revocatorio, y el CNE ha dispuesto que debe recogerse ese volumen de voluntades  -con las huellas dactilares de los votantes-  en cada una de las 24 reparticiones que tiene el país.

“Es inconstitucional, no vamos a aceptarlo”, dijo el líder estudiantil Hasler Iglesias, y Delsa Solórzano, dirigente de otro partido opositor, Un Nuevo Tiempo, dijo que aunque las condiciones violan la Constitución, para enfrentarlas “tenemos pensamientos diferentes pero al final (este lunes 26) nos pondremos de acuerdo en una sola ruta”.

La mayor carga de cualquier decisión de la MUD recae sobre sus cuatro principales partidos: Primero Justicia, de Capriles; Acción Democrática, del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos; Voluntad Popular, de López; y Un Nuevo Tiempo, del también encarcelado dirigente Manuel Rosales.

Difícil, difícil

Otras condiciones difíciles se relacionan con la cantidad de máquinas disponibles para recoger las huellas, que fue apenas la cuarta parte de lo que solicitó la MUD, la ubicación o distribución geográfica de los centros de recolección de voto, y el horario de apenas siete horas durante tres días.

Se trata de un campo minado que deberán atravesar la MUD y los millones de electores que la respaldan, en procura de llegar a completar las exigencias del CNE.

Por añadidura, el poder electoral, con cuatro rectoras que favorecen al oficialismo versus un rector inclinado hacia la oposición, conserva otras cartas que pueden legalmente desmoronar la iniciativa.

La primera es la fecha, pues ya adelantaron que el referendo quizás podría efectuarse “a mediados del primer trimestre de 2017”, es decir, mucho después de la frontera del 10 de Enero del año próximo, cuando una eventual revocación del mandato de Maduro obligaría a elegir un nuevo presidente.

Revocar a Maduro en 2017 y dejar que el vicepresidente por él escogido complete el período  hasta 2019 es visto como un factor de desánimo para la oposición, aunque empiezan a levantarse voces favorables a efectuar la consulta aún entonces.

La segunda carta en manos del CNE, en línea con los poderes Ejecutivo y Judicial, es la anulación del proceso por parte del Tribunal Supremo de Justicia, si acoge las demandas oficialistas de que hubo fraude en la recolección inicial de firmas para hacer la solicitud.

El Gobierno de Maduro luce formalmente blindado ante el desafío de la MUD: las condiciones para insistir en el referendo son muy duras, los plazos le benefician, tiene herramientas legales para liquidar el proceso o posponerlo, y suma el respaldo de las fuerzas armadas y del poder judicial para contener cualquier desbordamiento opositor.

Los oficialistas durante meses han sostenido que los lapsos no alcanzan para efectuar el referendo este año, y su apuesta es a que la MUD se desprestigie ante sus bases por haber vendido una falsa ilusión de que era posible un cambio rápido de gobierno. 

El oficialismo no ha podido pavonearse de las mayorías electorales de las que disfrutó durante años, y las encuestas señalan que al menos 65 por ciento del electorado podría votar por destituir al presidente Maduro.

Adicionalmente, el dominio político del tema del referendo prácticamente hizo olvidar la posibilidad de efectuar a finales de este año la elección de gobernadores regionales, otra consulta que quizás solo se realice muy entrado el año próximo y que habría favorecido ampliamente a las fuerzas opositoras, según todas las encuestas.

La situación del país es mala según 80 % o más de los consultados por las principales encuestadoras, el Gobierno de Maduro tiene un rechazo superior a 70 % y dos tercios de los venezolanos son partidarios de un cambio urgente, mejor este mismo año.

Ese es el capital político que está sobre la mesa en la que la MUD deshoja la margarita entre ir o no a la recolección de huellas ordenada por el CNE para los últimos días de Octubre, y cubierta con un manto de protestas u otras acciones que conviertan el apoyo de opinión en una fuerza que produzca resultados, algo que le demandan sus bases.

Se trataría en síntesis de: o ganar la opción del revocatorio, imponerlo para este año con fuerza en la calle o, si no, hacer que el costo de clausurar esa vía sea tan grande que el Gobierno y el oficialismo queden debilitados para cualquier nueva puja política futura. 

También puede ocurrir que esta partida de ajedrez político resulte en “tablas” y los contendientes deban echar mano de otros recursos. Como el diálogo, por ejemplo.