Venezuela

Así operan las trampas del chavismo para encarcelar a opositores

En Venezuela hay 96 presos políticos, según la organización defensora de derechos humanos Foro Penal Venezolano. Denuncias hechas por esta y otras ONG’s, así como por abogados defensores, sostienen que el Estado sigue un patrón para ejecutar estos procesos, y en el relato de los motivos para arrestar a los disidentes, aunque varíen las formas de detención y los delitos imputados.

Publicidad
Texto: Anna Carolina Maier @annacmaier Foto: Andrea Hernández

El gobierno utiliza al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) para las detenciones políticas y vincular a los opositores con un genérico «plan de golpe de Estado». Luego, un vocero del partido de Gobierno declara en los medios oficiales y oficialistas acerca de la detención y señala ciertos motivos, que horas más tarde, aparecen casi de manera inequívoca en el expediente.

En todos los casos, los abogados denuncian siembra de pruebas y los testigos son encubiertos, es decir, no tienen nombre o apellido.

“Algo nuevo que está ocurriendo con el Sebin son arrestos e investigaciones sin someterlas al Ministerio Público. Aunque (la policía política) sea un ente adscrito a la Vicepresidencia, como cuerpo de seguridad e investigación, está sujeto a las órdenes de la Fiscalía. Eso es peligroso porque entonces ¿Quién controla al Sebin? Ellos están jugando al dibujo libre. Esto es algo relativamente nuevo, se ha afincado más los casos de Voluntad Popular”, expresó el abogado del Foro Penal, Gonzalo Himiob.

Un ejemplo de esto fue el caso de David Smolansky. El Alcalde de El Hatillo  informó que la Fiscalía General de la República no tenía conocimiento sobre la orden de detención emitida por el Sebin en su contra. Esto lo comprobó cuando se presentó en el Ministerio Público el pasado 9 de septiembre.

En cuanto a las acusaciones sobre presunta conspiración –que se repiten en todos los casos- la práctica se inició con la detención de Leopoldo López, fundador del partido Voluntad Popular, quien antes de ser detenido por las autoridades, fue acusado de estar preparando unos planes desestabilizadores.

El Ejecutivo sostuvo que su orden de captura se debió a que en 2014 convocó  a romper el orden constitucional, incitar a la desobediencia civil y demandar la salida del presidente Nicolás Maduro por vías antidemocráticas. López fue detenido el 18 de febrero de 2014 después de ser presionado a entregarse, en un acto público en Chacaíto, Caracas.

Asimismo, días antes de la reciente manifestación del primero de septiembre de este año 2016, convocada por la Mesa de la Unidad Democrática, denominada «Toma de Caracas», el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, afirmó que los dirigentes políticos Yon Goicoechea y Carlos Melo estaban presuntamente inmersos en un plan de lo que calificó como “actos desestabilizadores” para la movilización de Caracas.

Goicoechea fue detenido el 29 de agosto y Melo un día después.

Asimismo, días previos a la concentración, las autoridades de inteligencia le incautaron al exalcalde de Táchira Daniel Ceballos archivos digitales que develaron un presunto  “plan desestabilizador para el pasado 1 de septiembre”. Así lo denunció el gobernador de Táchira, José Gregorio Vielma Mora. Horas más tarde, el 26 de agosto fue trasladado de su casa -donde cumplía con el régimen de prisión domiciliaria- al Centro de Reclusión para Procesados Judiciales “26 de julio” en Guárico.

El otro patrón que siguen las autoridades, según organizaciones de derechos humanos, es que siempre hay un vocero del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que habla sobre el caso antes de que este sea debidamente investigado o de que el expediente sea presentado, lo que viola la norma del Código Procesal Penal que establece que durante la primera fase de cualquier proceso, las actas son reservadas.

Un ejemplo de esto son los casos de Francisco Márquez y Gabriel San Miguel. Al día siguiente de que estos activistas en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) fueran apresados, la gobernadora de Cojedes, Erika Farías, acusó a los detenidos de llevar el dinero para «pagar a tarifados que generan violencia y desestabilización».

Luego los acusaron de legitimación de capitales.

Elenis Rodríguez, abogada y directiva de la Fundación por los Derechos y la Equidad Ciudadana  (Fundeci), manifestó los primeros días de la detención, que en el caso de Márquez y San Miguel, «la mandataria regional se ha tomado la tarea de formular argumentos, de hacer señalamientos sobre delitos supuestamente que deberían ser imputados, actuando de manera irresponsable porque ni siquiera lo ha hecho el tribunal de guardia que va a conocer la causa – el  2do de control de la entidad -, a cargo de la jueza María Merchán”.

Otro ejemplo de este patrón fue el de Goicoechea, quien además ha sido el caso de desapariciones temporales o breves más largo que se ha conocido en los últimos tiempos en el país, según Nizar El Fakih, uno de sus abogados. Goicoechea permaneció 56 horas desaparecido, fuera del radar de su familia, amigos o colegionarios políticos .

En su caso, fue el diputado del PSUV Diosdado Cabello, el segundo hombre del chavismo, quien confirmó en un acto político en público, que el militante de VP estaba detenido. Lo acusó de mantener bajo su poder explosivos que serían supuestamente usados durante la marcha opositora del 1° de septiembre.

Asimismo, se repite la historia en el caso de Delson Guárate, alcalde del municipio aragüeño Mario Briceño Iragorry, quien fue apresado luego de que el gobernador de Aragua Tareck El Aissami ordenara:

“Guárate debe terminar preso. No le tenemos temor a nada ni a nadie. Tenemos capacidad para conformar una fuerza y frenar a este movimiento fascista que pretende hacer de Aragua epicentro. Así que van a tener que echarle para ganar la Gobernación”. Pocas horas después se concretó la detención.

El otro elemento que se repite, según la denuncia de los abogados, es la siembra de pruebas: “Son muchos los casos en los que aparece constadas en las actas policiales ciertas pruebas de artefactos, que luego no aparecen por ningún lado. En eso se basa prácticamente la persecución judicial a estas personas. A muchos los detienen por tener bombas molotov o explosivos que luego no aparecen. Inclusive en los videos que reflejan el momento del arresto no aparecen estos artefactos”, sostuvo Himiob.

El jurista añadió que cuando le pregunta a los funcionarios policiales si llegaron a observar las supuestas pruebas, dicen que no, “solo que a ellos se lo comentaron”.

¿Cómo funciona legalmente?

Himiob explica que tiene que haber sido incautada la prueba y luego constar en la cadena de custodia. “Cuando revisas documentos, encuentras muchos casos en los que esas supuestas evidencias no aparecen reflejadas en la cadena de custodia. La cadena es un documento básico, si no aparece una evidencia allí, es porque entonces no existe”.

La siembra de pruebas también la han denunciado los dirigentes opositores:

“El gobierno nacional en esta oportunidad a través del Ministro Néstor Reverol ha venido haciendo una serie de señalamientos sin ninguna prueba, sin ningún fundamento y a través del SEBIN el gobierno viene generando acciones de persecución y encarcelamiento de muchos de nuestros dirigentes de Voluntad Popular,caso preciso Yon Goicochea, el alcalde Delson Guárate y Lester Toledo entre otros, por lo que no nos extrañaría que con la nueva modalidad que vienen implementando de sembrar pruebas, sea nuestra oficina del Concejo Municipal de San Cristóbal o nuestra casa, el próximo objetivo del chavismo con tal y silenciarnos”, expresó hace menos de un mes el concejal de San Cristóbal, José Vicente García.

Un elemento común en los casos es que en los expedientes se citan a los llamados «patriotas cooperantes», que no son  más que militantes encubiertos del partido de gobierno para armar los expedientes. También se utiliza la figura del testigo encubierto para sostener los señalamientos y las supuestas pruebas.

“La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales permite la figura del testigo encubierto. Sin embargo, cuando revisas estos casos de encarcelamientos políticos, te encuentras con que no se han cumplido los requisitos legales para la designación de una persona como testigo encubierto”, manifestó Himiob.

El abogado sostuvo que en la Ley hay situaciones específicas en las que se puede proteger la identidad de los testigos: “Lo correcto es que tú lo puedas controlar, y a través de métodos específicos puedas tomar testimonios de la persona sin tener que comprometer su identidad. Pero en los casos actuales, cuando vas al expediente, ves testimonios de esos patriotas cooperantes en los que no se ha cumplido con los requisitos legales para la designación de una persona como testigo encubierto.  Son entonces funcionarios o personas que rinden informes de inteligencia, es decir, una cosa totalmente imposible de controlar. No hay manera de saber quiénes son o no puedes citarlos a juicio para que avalen o desestimen su testimonio. Esto no es legal”.

El representante de Foro Penal concluyó que  »lo otro grave que está ocurriendo fuera de la ley, en estos casos, es que llevan a los acusados a juicio por un acta policial pero la misma Sala Constitucional ha corroborado que el dicho del funcionario aprehensor no sirve como prueba,  este representa solo una parte con un interés muy específico en la causa. Es una violación a la reglas probatorias».

(Este artículo fue publicado originalmente por El Estímulo el 23 de septiembre)

Publicidad
Publicidad