Correa aseguró que el fallo conocido el martes deja a discreción del funcionario público calificar qué información «altera el orden público», por lo que se vulnera el derecho constitucional a la manifestación. «Es muy ambigua la sentencia», apuntó el activista de derechos humanos.
El nuevo fallo del TSJ se conoce a horas que la oposición convocara una nueva marcha en Caracas para exigir la activación de un canal humanitario destinado a enfrentar la grave escasez de medicinas que están padeciendo los venezolanos.
La sentencia también prohíbe evitar que voceros de la Asamblea Nacional y otros actores políticos, convoquen a movilizaciones o actos de masas dirigidos a realizar «llamados al desconocimiento o agresión de los Poderes Públicos o sus actuaciones» y limita expresamente a los medios de comunicación a retransmitir o transmitir «en diferido de las informaciones» sobre manifestaciones.
Los nuevos límites del Gobierno a la libertad de expresión se hace en medio de una fuerte conflictividad social en Venezuela producto de la crisis económica, reflejada en colas para conseguir alimentos básicos, la mayor inflación del mundo, delincuencia desbocada y saqueos a camiones con productos en las carreteras.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró en julio al menos 662 protestas. Esta cifra equivale a 22 protestas diarias en todo el país, 31% más que en julio de 2015 cuando el número de protestas llegó a 506. Las 209 protestas registradas al séptimo mes del año, en rechazo a la escasez y desabastecimiento de alimentos, representan 70% más con respecto a julio de 2015.
