Torturas y desapariciones antecedieron a la masacre de Barlovento

-¿Qué es lo más fuerte que has visto?

-Estar en una OLP. Porque eso termina en dos cosas: o llora tu mamá o la mamá de otro.

La respuesta que dio este soldado a El Estímulo en Barlovento en junio deduce cómo es el accionar del Ejército cada vez que se despliega para combatir el crimen en esa zona del norte del país, sometida a los robos, secuestros y extorsiones de bandas criminales.

Cuatro meses después de esa afirmación, once efectivos del mismo cuerpo castrense fueron destituidos al estar involucrados en la masacre de 12 habitantes del pueblo de Capaya en Barlovento. Los agentes son investigados por torturar, asesinar y lanzar en fosas comunes a estas personas, tras ejecutar una redada militar que el Gobierno calificó de “exitosa” en su momento. La oposición asegura que hay 14 desaparecidos por la misma acción.

Esta masacre se conoce en la misma semana que otros cinco agentes de la Guardia Nacional fueron detenidos por el asesinato de nueve personas en Cariaco. Las muertes respondieron al robo de una cadena y un celular cometidos por dos hermanos en este pueblo pesquero del norte venezolano.

12 de los 21 asesinatos registrados en ambas masacres se cometieron en una OLP (Operación para la Liberación del Pueblo). Así es como el Gobierno denomina a las redadas militares que despliega desde 2015 en poblados y barriadas populares para enfrentar el auge delictivo. Sus métodos han sido cuestionados por organizaciones humanitarias que involucran a los uniformados en ejecuciones extrajudiciales de decenas de personas.

“Es que las OLP se están usando como escuadrones de la muerte. Las ejecuciones extrajudiciales están marcando estos operativos”, afirmó a El Estímulo Carlos Nieto Palma, director de la organización Una Ventana a la Libertad, en referencia a los cuestionados métodos utilizados para combatir el crimen.

En la masacre de Barlovento también destaca torturas contra las víctimas. Sus familiares denunciaron este lunes ante la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional que la OLP en Capaya incluyó corrientazos, golpizas, encierros y limitación de comida y agua contra los detenidos.

“Hasta el momento se han conseguido 12 cadáveres pero presumimos que sean 16 y a medida que la gente se vaya enterando van a salir más denuncias y sospechamos que van a ser más cadáveres”, afirmó a periodistas el diputado opositor Teodoro Campos, quien acompañó a las víctimas.

Detenidos y desaparecidos en las OLP

El defensor de los derechos humanos en Provea, Inti Rodríguez, aseguró que en más de un año que lleva ejecutándose el operativo del gobierno, van 850 ejecuciones extrajudiciales y, al cierre del año, calcula que podría haber unos 1.000 asesinatos en el marco de las OLP.

Recalcó que en estos operativos han estado involucrados funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en casos de torturas y allanamientos ilegales. Sin embargo, por realizarse con la colaboración de diferentes organismos militares y policiales, «es difícil y complejo» precisar la responsabilidad de estos efectivos.

Rodríguez afirmó que, aunque no todos los fallecidos sean delincuentes, no se justifica que se realicen este tipo de prácticas en el país.

«Muchas personas que han sido asesinadas no han tenido absolutamente nada que ver con hechos delictivos. Es parte del atropello generalizado», afirmó el activista en declaraciones a El Estímulo.

Señaló que, con lo ocurrido en Barlovento, ahora se está dando este «nuevo formato» de detenidos-desaparecidos. Según Provea, el número de desapariciones forzosas por parte de los cuerpos de seguridad también ha aumentado en zonas del Zulia, Mérida y Caracas.

El defensor de los derechos humanos también resaltó que muchas de estas desapariciones terminan en muerte: «El patrón de las desapariciones pareciera estar incorporándose en la actuación estos operativos militares y policiales».

El horror se viste de verde oliva

Familiares de las víctimas se dedicaron a denunciar las desapariciones cometidas en Barlovento, decretada por el Gobierno como una “zona de paz” en 2013. Como suele ocurrir en los operativos militares, el Ministerio de la Defensa calló. Pero esta vez reaccionó tras la preocupación pública expresada por el Comité de Torturas de las Naciones Unidas.

El sábado, la Fiscalía venezolana emitió un comunicado sobre la detención de once efectivos militares involucrados en esta nueva masacre conocida este año en Venezuela.

“Desde que los sacaron de las casas sin orden de allanamiento ni de detención, los montaron a la fuerza en los vehículos militares y los empezaron a golpear (…) A unos 60 hombres en un solo cuarto en el Comando (militar) El Café y les dan agua con un solo pote de mayonesa”, denunció el familiar de una de las víctimas.

La parlamentaria opositora Delsa Solórzano, denunció la omisión de los oficiales a las denuncias sobre desapariciones y maltratos. “En (el comando militar de) Chaguaramal les dicen que hace más de 15 días que no llegan traslados. Se devuelven al comando de El Café y ahí les dicen que fueron liberados y consta en expediente, un acta con una firma de libertad de fecha 15 donde muchos de ellos no habían sido detenidos el 15”, afirmó.

Zulay Hernández, hermana de una de las víctimas, afirmó la existencia de pruebas médicas de que los sobrevivientes tienen quemaduras causadas por cables eléctricos en la piel. “Les echaban agua y luego les pegaban los cables en diferentes partes del cuerpo”.

Hernández se encuentra este lunes junto a otros familiares identificando a los cuerpos en la Morgue de Bello Monte, la más importante de Caracas. Los militares acordonaron la zona en horas de la mañana con el inicio las investigaciones del caso.

Un paso que ha levantado suspicacias entre los dolientes de este operativo:  “No me han dejado ver el cadáver lo que vi fue fotos en un teléfono. Ellos (los militares) quieren cerrar el caso, por esto no les interesa buscar a mi hermano” denunció Hernández a periodistas.