El concepto de Emergencia Democrática Compleja aplicado a la situación actual del país lo propone la coalición de activistas "Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento" en su reciente informe "El libro gris"
La iniciativa «Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento» presentó en julio el informe “El libro gris”, una radiografía del deterioro de la democracia y los derechos humanos en Venezuela durante los primeros seis meses del nuevo gobierno de Nicolás Maduro -desde el 10 de enero- y que advierte sobre el inicio de lo que estos activistas califican como una Emergencia Democrática Compleja.
El documento elaborado y divulgado por una coalición de organizaciones de defensores de DDHH explica su definición de Emergencia Democrática Compleja: “una situación que, más allá de la represión directa, implica la anulación progresiva del Estado de derecho, el colapso de los mecanismos institucionales de protección ciudadana, la fragmentación del espacio público, la naturalización del miedo como forma de gobierno y el empobrecimiento generalizado de la población como estrategia de control. A diferencia de las emergencias humanitarias tradicionales, esta emergencia no sólo se expresa en cifras de víctimas, sino en el silenciamiento, la inhibición y la erosión de las capacidades colectivas para exigir derechos y construirse un futuro con calidad de vida. Además, las Emergencias Democráticas Complejas incorporan, por diseño, la comisión de crímenes de lesa humanidad contra la población”.
Para quien esté interesado en profundizar sobre estas denuncias, “El libro gris” puede ser descargado en la web de «Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento». A manera de avance, estos son algunos de los aspectos más destacados del informe:
El informe documenta 124 detenciones por razones políticas, incluyendo al menos 42 dirigidas contra personas vinculadas a partidos u organizaciones opositoras, como Vente Venezuela, Encuentro Ciudadano y Primero Justicia. Muchas ocurrieron en operativos nocturnos, sin orden judicial. En los primeros 6 meses del año cada 4 días detuvieron a un militante o dirigente de un partido político. Si tomamos la cifra total de detenciones, cada día y medio detuvieron a una persona por razones políticas en el país.
Entre enero y junio de 2025 se registraron 51 desapariciones forzadas temporales, muchas previas a la presentación ante tribunales. Estas prácticas buscan aislar a las víctimas, quebrarlas emocionalmente y obstaculizar su defensa legal. Como refleja la detención y desaparición del centenar de trabajadores petroleros, esta práctica es masiva y sistemática en Venezuela, siendo uno de los delitos contra la humanidad presentes en el estatuto de Roma.
Se registraron al menos 4 muertes en centros de detención y una ejecución extrajudicial. Uno de los casos más graves fue el del militar César Mayora, detenido por supuesta “traición a la patria” y fallecido bajo custodia. La incomunicación sigue siendo una constante para la mayoría de los presos políticos del país. El informe recoge testimonios de familiares que nunca han podido visitar a su ser querido en prisión.
Aunque no existen cifras oficiales, el informe señala que decenas de liderazgos sociales y políticos han abandonado el país en 2025 por amenazas, criminalización o presiones directas. Muchos no denuncian su situación por temor a represalias. Esto ha obligado a organizaciones políticas y sociales a continuar funcionando bajo una modalidad descrita en el informe como “semiclandestinidad impuesta”, relatada en testimonios recopilados en el reporte.
Durante el primer semestre de 2025, 10 periodistas fueron detenidos y 4 emisoras de radio fueron cerradas. En redes sociales se ha reportado un repunte de bloqueos y suspensiones arbitrarias de cuentas críticas. La ausencia de denuncias genera obstáculos para la documentación de violaciones de derechos humanos e impone el desafío de desplegar nuevas metodologías para registrar la situación.
El informe señala un viraje hacia un modelo “extractivista autoritario”, con apertura a inversiones extranjeras en condiciones desreguladas y control social férreo, inspirado en el modelo chino. Las zonas económicas especiales se expanden sin rendición de cuentas. La detención de personas que procesan y divulgan datos sobre la realidad financiera del país es una práctica recurrente en el gigante asiático.
Se han realizado reuniones partidistas para promover un “nuevo Estado Comunal”, que busca consagrar legalmente la sustitución de instituciones electas por estructuras paralelas controladas desde el poder. Esto consolida un régimen sin contrapesos y será la principal violación al derecho de libertad de asociación y reunión a desarrollarse en los próximos meses. No obstante, al estar obligado a aprobarla mediante una consulta popular, las autoridades avanzan con cautela hacia este objetivo.
En su informe anual, aseguran que en 2025 el gobierno de Maduro continuó usando el aparato estatal y "grupos de civiles armados para reprimir, silenciar y castigar" a opositores, periodistas y activistas de Derechos Humanos y siguieron las detenciones arbitrarias por motivos políticos
La nueva presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, no es una jurista como su antecesora Marta Valiñas. Es socióloga y activista. La designación de Sofía Macher podría marcar un giro en el grupo de expertos que viene documentando las violaciones graves que tuvieron lugar a partir de 2014
216 años han pasado desde el histórico 19 de abril y hay asignaturas que se mantienen pendientes: independencia, separación de poderes y soberanía
