El Tribunal 1º de Control del estado Miranda (centro), ordenó cárcel contra 10 efectivos del Ejército por su presunto vínculo en las desapariciones forzadas, torturas, tratos inhumanos y homicidios a 12 personas en Barlovento.
Los militares permanecerán detenidos en el Internado Judicial de la Región Capital Yare III mientras esperan el juicio, reseñó una nota de prensa del Ministerio Público este viernes.
Los efectivos están acusados de las detenciones de un grupo de personas «inocentes» detenidas entre el 16 y 19 de octubre durante una redada militar practicada en varias localidades de Barlovento, dentro de los operativos llamados OLP que ordena el Gobierno para enfrentar los crímenes en Venezuela. Los cuerpos, algunos desmembrados y con signos de tortura, fueron hallados a finales de noviembre en los sectores montañosos de El Café y Aragüita.
El militar de más alto rango detenido es el teniente coronel José Rojas Córdova, que está acusado por los delitos de homicidio calificado con alevosía y motivo fútil, desaparición forzada de personas, uso indebido de arma orgánica, tortura, tratos inhumanos y violación de domicilio en perjuicio de los 12 fallecidos.
Rojas Córdova también fue imputado por los delitos de privación ilegítima de libertad, violación de domicilio, tortura y tratos inhumanos por las muertes de las nueves personas localizadas el 26 de noviembre en Aragüita.
Otros imputados del caso son el sargento mayor de tercera Miguel Francisco Rodríguez, y los sargentos primero Orlando Maceli, Rafael Ruíz Acevedo, Luis Figuera Salazar, Francisco Rivas Salazar y Romy Antón Antón.
Los cabos segundo Arquímedes José Agüey y Luis Machado Márquez, y el cabo primero Fabián Rangel Rangel están imputados por los mismos delitos.
El Ministerio Público además pidió medidas de protección para los testigos de esta masacre, que obligó a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, revisar las políticas de las OLP por generar «más violencia» y «crminalizar» a los pobres.
Ortega afirmó el miércoles que las víctimas de la masacre eran «inocentes» y recordó que las OLP, las más emblemáticas acciones de seguridad pública ordenadas por el presidente Nicolás Maduro, deben estar en manos de civiles y no de militares como ocurre.
Los militares fueron detenidos en virtud de las órdenes de aprehensión solicitadas por los fiscales del caso y acordadas por la mencionada instancia judicial, y fueron materializadas por funcionarios de la policía científica y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
"Esa oficina se desvió. De ser una oficina de asesoría técnica que debe respetar las instituciones y más bien asesorar la reformas legales que el país necesita, asesorar las instituciones para que mejoren, de repente se transformó en una oficina de espionaje interno, de conspiración interna", dijo Maduro en su programa de televisión
El informe acusa al Estado de recurrir a "amenazas, vigilancia y hostigamiento constantes, a la difamación y a la censura" para "sofocar a la oposición"
La información sobre la protestas en Cuba se filtran a través de imágenes publicadas en redes sociales por la ciudadanía. Las autoridades, visiblemente sorprendidas durante el estallido de 2021, han tomado la costumbre de interrumpir el internet móvil cuando surgen estos brotes
