Venezuela

Las operaciones OLP son una patente para matar

Enfrentó uno de los casos más atroces de exterminio y desaparición de personas en el estado Barinas. Se enfrentó a integrantes del poderoso sindicato de la construcción, que secuestraba, sicariaba y extorsionaba: los cabecillas están presos.

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Por Sebastiana Barráez @SebastianaB

Luchó contra el poder económico de un árabe millonario y de importantes jerarcas del entonces Cicpc y Grupo Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional, que protegían al tenebroso sindicato. Con 70 años de edad tiene una figura menuda que contrasta con la fuerza de quien ha sido defensor de cientos de desaparecidos. Casi siempre solo, a veces acompañado de madres, esposas, hijas o amigos de las víctimas, sentó un precedente en DDHH con su «Comité Paz y Vida por los Derechos Humanos». Él es Oscar Mafred Pineda Hernández.

Narra que “el año pasado hubo 27 mil muertes violentas en el país. Del 2013 al 2014 saltó de 17 mil a 25 mil muertes violentas. Este año se prevé que pase de 37 mil muertes violentas, por la inclusión de las OLP (Operativos de Liberación del Pueblo, las redadas militares y policiales en las zonas pobres con la excusa de combatir la delincuencia).

Cuando las OLP se crearon supuso que el nombre se pretendió ligarlo en lo político con la Organización por la Liberación de Palestina, que tiene idénticas siglas.

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– ¿Qué intención hubo en crear las OLP?

–  Es una patente para matar gente, sin venda y sin tabú. Aquí en Barinas las OLP han matado unas 12 personas. En los apartamentos de Ciudad Tavacare la OLP ha matado 4 personas. Eso no es aceptado, el Código Orgánico Procesal Penal establece que la vía es juzgar a una persona, no asesinarla.

– El venezolano, arrollado por la delincuencia, apreció acciones como la OLP, como una acción positiva.

–  Al principio sí fue bien vista. Es lamentable que la gente acepte que el delincuente se mate.

–  Ha aumentado el linchamiento de delincuentes por parte de la población…

– Exacto. Pero las OLP y los linchamientos lo que indica es que no funciona el poder judicial, no funciona el Ministerio Público. Cuando los cuerpos de seguridad matan a un individuo y muestran un prontuario sobre él, uno se pregunta ¿cómo es que con ese prontuario estaba libre y por qué si sabían su localización, no lo habían detenido?

– ¿Acciones como la OLP no son positivas?

– Claro que no y menos ahora que se les pasó la mano en los casos de Barlovento y de Cariaco. Muchos casos aquí en Barinas. Los grupos de Derechos Humanos no aceptamos eso, porque la pena de muerte no está contemplada en la ley venezolana y no hay libertad para asesinar. Hicimos este 10 de diciembre una caminata, en pro de los Derechos Humanos, y teníamos al Sebin y a la Policía del estado cada 200 metros, como si fuéramos delincuentes. No sé si es porque estaba Nicolás Maduro aquí en Barinas y pensarían que éramos un peligro. Por otra parte estamos exigiendo la libertad de los 126 presos políticos que hay en Venezuela.

– ¿Realmente esos 126 que mencionas son presos políticos? ¿Algunos no se ocultan tras esa figura para cubrir delitos?

– Pero si es así, que el Estado demuestre los delitos. Que más delincuencial que lo ocurrido en las instituciones del Estado para sacar un pasaporte, hasta para inscribir un niño en preescolar ahora son cuotas de poder; delincuencia es que en los bancos haya un submundo de privilegios para quienes lo pagan. Eso sucede en lo privado y en lo público. Fíjate que el defensor del Pueblo, Tareck William Saab se ufana de decir que actuaron ante la masacre de Barlovento, pero lo ideal es que la hubiesen prevenido. En el caso de las desapariciones de Barinas le hemos pedido dos veces a Saab, por escrito, que nos atienda y ni siquiera ha contestado. No le ha dolido al Estado los 350 muertos que hubo en el 2009 y 2010 aquí y de lo cual no hay respuesta.

– ¿Se puede controlar la delincuencia y respetar los derechos humanos?

– Mira, es delincuencia lo que está sucediendo con los CLAP; cuando se desborde irá preso el jefe del CLAP, y habrá una alharaca que no resolverá nada; se están robando los productos y no le están llegando al pueblo. Esto se destapó y no hay como colocar un tapón para frenar la cultura de la corrupción generalizada. El Estado no es diligente en atender al ciudadano y los derechos humanos se irán agravando en la medida en que crece el estado delincuencial. Creo que este año vamos a pasar en Barinas de 400 muertos por hechos violentos.

– La canciller considera que ‘hay un modelo irreversible de protección social en derechos humanos en Venezuela, vanguardia en el mundo’.

– A Venezuela la están sacando de Mercosur, en parte porque no respeta los derechos humanos. Igual sucede en materia carcelaria. El Defensor del Pueblo, en lugar de atender a Humberto Prado, director del Observatorio de Prisiones, que denuncia lo sucedido en las cárceles, pues lo que sufre es el acoso de su familia y de él mismo. Las extorsiones desde las cárceles son otro indicio. En el último semestre está ocurriendo mucho, en Miranda y en el área Metropolitana de Caracas, personas que desaparecen y luego los encuentran muertos. Mira un caso puntual; el de los raspacupos, a quienes desde el Gobierno señalaron de delincuentes, que lo son, pero ese mismo Gobierno no ha clarificado los dólares que se perdieron en Cadivi. He ahí un problema moral.

– Insisto en lo dicho por la ministra Delcy Rodríguez, para quien ahora hay mayor respeto por los derechos humanos y mayor nivel de inclusión.

– En la cuarta república los casos emblemáticos de violación de DDHH son Yumare, Cantaura, El Amparo, fueron atendidos, más que bien. Un aliado del presidente Chávez fue ese señor Walter Márquez, quien llevó la bandera del caso de El Amparo. Ahora cada vez que uno denuncia violación de DDHH nos quieren llevar a El Amparo a la cuarta república. Hay gente sacando comida de los basureros. Aquí en Barinas uno va a denunciar un caso y los fiscales luego fueron destituidos por estar delinquiendo. El número de muertos que hubo en la Cuarta República, fue superado en un solo año de la quinta república, en lo que a asesinatos, secuestros y desaparecidos se refiere. En la Cuarta hubo hechos atroces, lo peor es que se han repetido en la Quinta.

– ¿Considera apropiado que los últimos ministros del Interior y Justicia sean militares?

– Es un error que sean militares, y no solo ahí sino en otros ministerios. En el caso de la seguridad no se aplica la ciencia, al estudiar la delincuencia. Un militar está preparado para la guerra y para otras cosas, pero no para lo administrativo ni en los humano. Lo que sucede es que los militares le dan soporte al Presidente y al partido de turno.

– ¿Cómo está en Barinas la situación de DDHH?

– Igual que en todo el país. Cuando detienen a muchachos en las manifestaciones no permiten la visita de los familiares. Y más allá de eso, en la Policía estadal, cuando las visitas de los reclusos les llevan comida, por ejemplo, se las revisan con las manos, sin guantes. Está bien la requisa, pero no así. Hay presos a quienes se les venció el plazo de estar en la policía, pero tienen más de seis meses esperando y a veces los trasladan a la penal solo por hacinamiento. Cuando deben presentarse ante el tribunal, a veces no los llevan por falta de vehículo, llega y no hay luz, etc. Derechos humanos también es la escasez de alimentos, de agua potable, de respuesta.

–  ¿Ha sido usted agredido, amenazado o presionado por parte del gobierno o cuerpos de seguridad?

– Recuerdo que en tres ocasiones me visitaron periodistas extranjeros y los tuvimos que sacar escondidos. Otro caso es que a medios locales de prensa los amenazaron con retirarle la pauta publicitaria y cerrarlos, si publicaban actuaciones de nuestra Fundación.

– ¿Quién o quienes los amenazaron?

– El gobernador del estado, Adán Chávez le dijo, por ejemplo a un periódico, que si sacaban información sobre la fundación les retiraban la publicidad. Y los medios hacen silencio.

– ¿Qué respuesta han tenido con relación a la desaparición de 63 personas?

– Es muy triste lo que pasó. La fiscalía, en lugar de darle solución a la denuncia, lo que hizo fue enviarles una carta a los familiares de las víctimas para decirles que su caso ya había vencido. El caso sigue en la Comisión Interamericana de los DDHH, a quien el Gobierno no le ha permitido que visite a Venezuela.

– ¿Y sobre la ola de asesinatos de los años 2019-2010?

– El Estado no dio respuesta. Mucha gente que denunció tuvo que huir de Barinas. A una familia le mataron 7 integrantes y los restantes se fueron.

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