Cuestionado, el Gobierno se someterá a sesión final del examen global de DDHH

La sesión, que se efectuará entre las 4 y las 7 de la mañana hora Caracas, el Gobierno deberá mostrar su postura frente a la recomendaciones ofrecidas por más de 100 países que evaluaron a Venezuela en el Examen Periódico Universal (EPU) realizado en noviembre en el seno de los DDHH de la ONU en Ginebra.

Las naciones que participaron en esa evaluación coincidieron en pedir dos temas que han sido una piedra en el zapato al gobierno de Nicolás Maduro: libertad y pluralidad.

La sesión del jueves mostrará a Venezuela «ante los ojos del mundo» sobre su política en torno a derechos humanos, cuestionado en las últimas horas por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien pidió reactivar la aplicación de la Carta Interamericana Democrática por la salida del «rumbo institucional» del país.

También coincide con la declaración por «hambruna» de la crisis humanitaria por parte de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición.

Civilis Derechos Humanos, una organización que participó en la redacción de los informes que detallaron la situación de los derechos fundamentales del país para la EPU, aseguró que el Estado venezolano «no avanzó» en la materia. En una nota de prensa este miércoles, recordó que las recomendaciones se multiplicaron en las dos últimas evaluaciones globales de la ONU.

De 47 países que formularon 148 recomendaciones en 2011 subieron a 102 países con 274 recomendaciones.

«No solamente hubo una mayor participación de países y abundancia de recomendaciones, sino que varias se repitieron en el 2016 dando muestra de que el Estado no avanzó como se esperaría en su deber de cumplir con los derechos humanos de los venezolanos», dijo Civilis en una nota de prensa.

Civilis enumeró las principales preocupaciones expresadas en el seno de la ONU sobre Venezuela: «El respeto a la libertad de expresión, la garantía de derechos humanos a las personas privadas de libertad, la ratificación de protocolos en materia de denuncias sobre tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes y sobre la situación de la infancia, la protección de defensores de derechos humanos, la aceptación de visitas al país por parte de procedimientos especiales y la restitución de la independencia del poder judicial».

La organización también denunció que la comunidad internacional cambió su postura en torno a las recomendaciones efectuadas a Venezuela entre 2011 y 2016. «Las continuas manifestaciones de apoyo emitidas por los países en el examen de 2011 hacia las políticas de carácter social implementadas por el Estado venezolano, fueron objeto de recomendaciones dirigidas a la urgente adopción de acciones para corregir una crisis generalizada en materia de derechos sociales, principalmente asociada a salud y alimentación, en el examen del 2016″.

«Es así como el cuadro de derechos humanos que recogieron las recomendaciones del segundo ciclo del EPU de Venezuela se transformó desfavorablemente como resultado de un severo, rápido y generalizado deterioro, a pesar de las exhortaciones y recomendaciones exigidas por los Comités de Naciones Unidas al revisar la situación de Venezuela en seis ocasiones sobre el cumplimiento de convenios y tratados de derechos humanos entre los años 2013 y 2015», agregó.

Gobierno aceptará 20 recomendaciones

Tras escuchar las recomendaciones en noviembre pasado, la delegación encabezada por la canciller Delcy Rodríguez evitó pronunciarse inmediatamente sobre las sugerencias hechas por los Estados, recordando que las ofrecerá en el período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos previsto para este jueves.

Anticipó en ese entonces que el gobierno de Nicolás Maduro, quien había afirmado que su administración salió eximida en la evaluación, aceptará “por lo menos” 24 compromisos voluntarios ante el Consejo de DDHH.