El Parlamento no retrocederá ante la amenaza del TSJ

Los diputados no piensan retroceder. El jefe de la bancada de la Unidad, Stalin González (UNT-Caracas), asegura que la Asamblea Nacional “no se autocerrará” y mantendrá su agenda crítica contra el Gobierno, pese al fallo de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que elimina la inmunidad parlamentaria y autoriza al presidente Nicolás Maduro a tomar medidas “penales” y “militares” para “evitar un estado de conmoción” en la República.

“Vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer, exigir elecciones, respetar la Constitución, investigar la corrupción. No nos queda otra que seguir para adelante”, enfatiza González, quien subraya que el único culpable de que en la Organización de Estados Americanos discutan la reactivación de la Carta Democrática es el Gobierno de Maduro por suspender las elecciones, desconocer el Parlamento, mantener en la cárcel a más de cien presos políticos y negarse a admitir un canal humanitario para atender la escasez de alimentos y medicinas.

Al consultar su opinión sobre la última sentencia de la cúpula del Poder Judicial, distintos parlamentarios admitieron su preocupación frente al ataque del régimen chavista. El tema se incluyó en la agenda de la sesión ordinaria de este martes 28 de marzo con la finalidad de preparar una respuesta conjunta.

El líder de la bancada opositora reconoce que no pueden asumir con “normalidad” la embestida del oficialismo, pero descarta la opción de modificar la línea de confrontación que han desarrollado hasta la fecha. “La sentencia quiere dar a Maduro poderes para defenderse de la ‘conmoción interna’, pero esa ‘conmoción interna’ es un pueblo que quiere elecciones”, destaca González.

Golpe pago

La Sala Constitucional del TSJ dejó a los diputados venezolanos sin inmunidad y facultó al Presidente a decretar una especie de ley marcial para enfrentar las supuestas amenazas contra “la estabilidad democrática” del país.

Maduro tenía semanas pidiéndolo. “Tiene que haber justicia, hay que pedir justicia contra los traidores a la patria (…) bastantes cupos en las cárceles hay para traidores a la patria”, exclamó el Jefe de Estado el 22 de marzo, un día después de que la mayoría opositora de la Asamblea Nacional apoyara mediante un acuerdo la aplicación de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA) para el “restablecimiento en paz del orden constitucional en Venezuela”.

Siguiendo la línea trazada por el mandatario venezolano, el jefe de la fracción parlamentaria del chavismo, Héctor Rodríguez (PSUV-Bolívar), acudió al TSJ ese mismo 22 de marzo para demandar la nulidad de la actuación del Parlamento. Cinco días después, el pleno de la Sala Constitucional en la sentencia número 155 no solo complace la petición de Rodríguez, sino que de un solo plumazo liquida el fuero especial que protege a los representantes del pueblo.

“Resulta oportuno referir que la inmunidad parlamentaria solo ampara, conforme a lo previsto en el artículo 200 del Texto Fundamental, los actos desplegados por los diputados en ejercicio de sus atribuciones constitucionales (lo que no resulta compatible con la situación actual de desacato en la que se encuentra la Asamblea Nacional) y, por ende, en ningún caso, frente a ilícitos constitucionales y penales”, señalan en el fallo redactado por los siete integrantes de la Sala Constitucional.

Los magistrados disponen que Maduro “tome las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción; y en el marco del Estado de Excepción y ante el desacato y omisión legislativa continuada por parte de la Asamblea Nacional, revisar excepcionalmente la legislación sustantiva y adjetiva (incluyendo la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley Contra la Corrupción, el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y el Código de Justicia Militar –pues pudieran estar cometiéndose delitos de naturaleza militar-), que permita conjurar los graves riesgos que amenazan la estabilidad democrática, la convivencia pacífica y los derechos de las venezolanas y los venezolanos”.