El representante de la ONG de Protección de Derechos Humanos, Defensa y Justicia, Eliécer Jiménez, denunció ante el Ministerio Público en el estado Carabobo que al menos seis personas detenidas en la región, que participaron en manifestaciones pacíficas, recibieron golpizas por parte de efectivos de seguridad del Estado.
Jiménez destacó que entre los tratos inhumanos de los que son víctimas estas personas, destacan los casos de Wolfgang Carrión y Miguel Fahham. El primero fue detenido en el sector Bella Florida, que ha sido punto de varias manifestaciones en Carabobo.
Según el representante de la ONG, Carrión fue detenido por un funcionario de PoliSanDiego, dos PoliCarabobo y un efectivo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. De acuerdo con los acusadores, estos oficiales actuaron al margen de los procedimientos legales, debido a que le dieron «vueltas» por siete horas, y en ese tiempo le propinaron cinco golpizas. Además, lo despojaron de su vestimenta y lo amenazaron con disparos al aire para finalmente trasladarlo a la sede de Plaza de Toros del Cuerpo de Investigaciones y posteriormente por el Campo de Carabobo.
En esta locación, aseguró el denunciante, fue atado a una litera para recibir más golpes e incluso le torturaron con electricidad. Otros casos incluyen un ciudadano de 59 años detenido en El Trigal y golpeado brutalmente, lo cual degeneró su ya delicada salud por un padecimiento pulmonar. Jiménez considera que esta estrategia la efectúa el Gobierno para intimidar a la población y que no denuncie las transgresiones. «Dicen ser respetuosos pero actúan fuera de contexto», alerto.
El otro caso, el de Miguel Fahham, es similar. Fue arrestado en el urbanismo Campo Claro, en Bejuma, por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, PoliBejuma y Policarabobo.
Fahham, quien sólo pasaba por la zona donde se efectuaba una protesta y no tenía nada que ver con el incidente, fue aprehendido por los funcionarios. Éstos, de acuerdo con el agraviado, fue forzado a mentir que fue enviado por dirigentes opositores para propagar actos violentos.
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