«Ambas actuaciones constituyen una violación al derecho humano a la vida y a la salud, por lo que rechazamos que en los actuales momentos, y ante los últimos hechos registrados en el país, estos derechos no estén siendo garantizados», denunció la OBG en un comunicado.
«El uso indiscriminado de sustancias tóxicas, específicamente de los gases lacrimógenos más utilizados para el control de protestas ciudadanas, como lo son el 2-chlorobenzylideno malononitrilo (CS), oleoresincapsicum (OC) y cloroacetofenona (CN), produce consecuencias negativas para el sistema respiratorio, tal y como ha sido documentado en otros países», explica.
«Estudios científicos han descrito el daño que las exposiciones repetidas a estos gases representan para la capacidad respiratoria de los individuos. El riesgo de presentar un síntoma respiratorio como tos o flema, goteo nasal, dificultad para respirar o dermatitis es mayor en quienes han sido expuestos en varias ocasiones a los gases lacrimógenos. Además, también según estudios científicos, las personas asmáticas y fumadoras son más propensas a tener un flujo máximo respiratorio significativamente menor (es decir, mayor dificultad para respirar) que en aquellos que no han sido expuestos a los gases».
«Las exposiciones prolongadas y recurrentes pueden ocasionar, en el largo plazo, el desarrollo de bronquitis crónica, dificultad respiratoria y, en último caso, fibrosis pulmonar. Rigidez del tórax es otra de las consecuencias que pueden presentarse».
Los especialistas expresaron su preocupación por la cantidad de gases lacrimógenos a la que ha estado expuesta toda la población que manifiesta pacíficamente, y las personas que sin estar en las protestas de calle han sido afectados, particularmente «a los niños menores de 5 años que se encuentran en centros hospitalarios, personas mayores y población en general que ha recibido gases lacrimógenos estando en sus hogares».
«Rechazamos los ataques con gases lacrimógenos a centros de salud y su uso en los alrededores de recintos hospitalarios, como ha ocurrido en las últimas semanas en Caracas: el 10 de abril en un centro privado en Las Mercedes y el 20 de abril en El Valle, requiriendo la evacuación y traslado de los niños expuestos, madres y pacientes en general», agrega.
«Rechazamos igualmente el uso de gases lacrimógenos directamente contra viviendas y edificios en zonas residenciales, su lanzamiento a corta distancia contra civiles y, más peligroso aún, desde helicópteros (irregularidad registrada el 10 de abril en Caracas) o directamente contra manifestantes por el alto riesgo de causar la muerte, como ha ocurrido este 26 de abril en Caracas con un estudiante universitario», agregan.
Condenamos el uso de la fuerza física para detener a civiles (puede ocasionar la pérdida de la funcionalidad de algunas estructuras corporales), así como el uso de armas de fuego por parte de cuerpos de seguridad del Estado y grupos paraestatales en el contexto de las protestas.
«Desde el OVS queremos reiterar el apoyo a los colegas médicos que han resultado agredidos en las últimas semanas, bien sea dentro de los centros de trabajo o en las manifestaciones calle, y reconocemos la labor realizada por los estudiantes de medicina que conforman el equipo de Primeros Auxilios UCV, destinada a socorrer a los manifestantes afectados por los gases tóxicos y heridos en las protestas», agrega la organización.
«Exigimos a las autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Salud, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y Ministerio del Poder Popular para la Defensa, controlar el uso de las sustancias tóxicas, el uso de la fuerza física y el uso de armas de fuego contra la población civil, pues esto solo compromete la salud y la vida de la población. Y exigimos a los organismos internacionales seguir en detalle los acontecimientos en Venezuela, porque entre muchas otras violaciones de derechos humanos, las concernientes al derecho a la salud y a la vida se han incrementado».
