La realidad venezolana supera cualquier ocurrencia de la ficción. El presidente Nicolás Maduro sacó la carta constituyente de su manga como una opción para sacar out entre segunda y tercera a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en medio de un clima de brutal represión y violencia que ya ha dejado más de 30 muertos.
La modalidad de Asamblea Nacional Constituyente que ha anunciado el mandatario nacional contrasta con el objetivo declarado de lograr la paz, porque enardece a una oposición y a su base social y política, que intuyen desde ya que se trata de una forma sofisticada de alejar nuevamente la posibilidad de contarse y, de que el gobierno pierda la absoluta mayoría de las gobernaciones y alcaldías y, en 2018, la Presidencia de la República.
El artículo 63 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es claro en cuanto al carácter del voto: es universal, directo y secreto. Cualquier otra modalidad es contraria al espíritu de esa norma.
Resulta que el propio Jefe del Estado adelantó que se pretende elegir 500 constituyentes, de los cuales 250 saldrían de procesos de selección absolutamente controlados en consejos comunales, comunas, organizaciones sindicales, estudiantiles y gremiales oficialistas, cuyos registros seguramente estarán más que blindados para evitar sorpresas a la hora de las votaciones, en caso de que efectivamente pueda concretarse la iniciativa constituyente madurista.
Los otros 250 serían electos por circunscripciones municipales cuyas características no están del todo claras.
Los defensores de esa propuesta constituyente insisten en que no se vulnerará el principio del voto secreto y directo. Pero tras la idea de darle presencia a los llamados «nuevos actores sociales» se esconde la letra chiquita de eludir el mandato constitucional del voto universal, y se abre camino para que el gobierno arranque sobre seguro con una significativa cifra de constituyentes imposible de superar.
El gobierno pretende además interpretar a su manera el artículo 348 de la Carta Magna para le da facultades tanto al Jefe del Estado como a las dos terceras partes de la Asamblea Nacional y a las dos terceras partes de los concejos municipales, para tomar la iniciativa de la convocatoria.
Según su particular visión, basta que el Presidente apruebe en Consejo de Ministros la convocatoria para que el Consejo Nacional Electoral dé la señal de partida. Pero resulta que el artículo 347 plantea claramente que el pueblo de Venezuela es el depositario del poder originario. En otras palabras, hasta la decisión de si se convoca o no la Asamblea debería pasar por el tamiz de una consulta, que deberá contener dos preguntas. La primera de ellas relativa a si los ciudadanos aprueban la convocatoria a Constituyente , y la segunda sobre la temática de esa Asamblea e incluso las bases para su convocatoria .
Maduro se juega esa carta en medio de una intensa represión contra masivas protestas populares que, pese a la intensa ración de bombas lacrimógenas, perdigonazos y detenciones, no cesan. Se reagrupan, toman diversas formas, e incluso parecen haber recobrado impulsó con el anuncio de esa convocatoria a Asamblea Constituyente que dejaría en veremos la posibilidad de realizar elecciones de gobernadores y alcaldes este año.
A ello se le suma que en torno a esta propuesta ha surgido interpretaciones diversas en el chavismo gobernante. No hay claridad a esta hora si se pretende o no cambiar la Carta Magna, total o parcialmente. Unos dicen que no habrá disolución de poderes y otros que sí. Lo cierto es que por principio una constituyente originaria no tiene quien le fije limites salvo ella misma. Nadie puede garantizar lo que puede decidir o no ese cuerpo, a menos que sea tutelado por el gobierno, como parece ser la intención con ese esquema de elección corporativa, distante de las experiencias constituyentes nacidas de la libre voluntad de todo el electorado.
Por ejemplo, luce de anteojito que el gobierno buscará liquidar por la vía de la Constituyente el conflicto con la Asamblea Nacional, disolviéndola o amputándole aún más sus competencias. Apostamos «fuerte contra locha», como decían los viejos, a que, si se concreta tal iniciativa, una de las primeras «raspadas» seria la hoy díscola Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, convertida ya no en una piedra en el zapato de la administración Maduro sino en un verdadero zapato apretado, sobre todo después de haber denunciado la ruptura del hilo constitucional y de aseverar que el gobierno no puede acallar la protesta si actúa violando la ley.
La constituyente de Maduro parece tener propósitos «destituyentes». No se sabe si será la última carta que se juegue. Pero sí una de las más arriesgadas. De hecho se ha vuelto combustible para alimentar las protestas populares. Y en el chavismo de a pie persisten las reservas frente a esa iniciativa. Y en la oposición tampoco hay fiesta. El gobierno aprieta el cerco. El manejo a discreción de los factores de poder les da la seguridad de compensar la pérdida de apoyo ciudadano . ¿Eso será suficiente para salir airoso de esta peligrosa coyuntura?]]>
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