Utilizar excremento en las manifestaciones para “neutralizar a los efectivos de orden público” es considerado como un arma bioquímica, cuyo uso es penado por la ley, según afirmó Marielys Valdéz, inspectora General de Tribunales, en una entrevista en el canal del Estado VTV reseñada por otros medios oficialistas.
“El uso del arma bioquímica es delito, está completamente tipificado, tiene penalidades altas, las personas no lo ven así (…) Esta situación debe conducirnos a lo único civilizado que en sentarnos a conversar para decidir qué destino queremos darle al país”, dijo la funcionaria en el programa de entrevistas que conduce el activista político y ex reportero gráfico Francisco Solórzano «Frasso».
Valdéz expresó que la convocatoria que ha corrido en las redes sociales para evitar represión en las movilizaciones opositoras”es terrible, esperemos no sea cierta, estaríamos en presencia de otra tipicidad que han querido desconocer”, según las declaraciones reseñadas por el diario oficialista Correo del Orinoco, en su versión digital.
La funcionaria se refirió a una campaña de activistas de la oposición que ha corrido en las últimas horas en las redes sociales, invitando a los manifestantes a lanzar frascos y bolsas con excrementos a los agentes del orden público encargados de reprimir las marchas y concentraciones opositoras.
Las supuestas bombas han sido bautizadas como «puputov» por el ingenio popular, en alusión a las bombas incendiarias «molotov», empleadas por algunos encapuchados radicales. La funcionaria no empleó ese término para referirse a los «proyectiles».
Periodistas que cubrían este miércoles las respuestas de grupos encapuchados a la represión contra los manifestantes constataron que fueron lanzadas algunas bolsas con excrementos a los policías y guardias nacionales.
“En Venezuela la legislación sobre armas químicas es poco establecida porque es un fenómeno (…) el uso de las armas químicas y en este caso las heces generan consecuencias que no van dirigidas a un solo sector, esto puede extenderse a las poblaciones, a las aguas, las personas vulnerables pueden contraer hepatitis y otras bacterias (…) Eso se puede volver incontrolable”, explicó la funcionaria.]]>
El gobierno de Nicolás Maduro solicitó al tribunal en agosto de 2022 que suspendiera su investigación sobre presuntas violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones en las que más de 100 personas murieron. El argumento era que la cuestión debía dirimirse en su propio sistema judicial
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