La Asamblea Nacional sigue abriendo frentes de lucha. En esta ocasión, los parlamentarios enfilaron baterías en discutir sobre las garantías que se deben dar para una posible transición en el Poder.
Una transición política ya que las leyes no la prevén, como explicó el Primer vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara. El parlamentario, citando a Benigno Alarcón, estudioso de las transiciones Políticas, explica que que «se debe elevar el costo de la represión y bajar el costo de la tolerancia». Es decir, mantener la presión de calle y bajar las «talanqueras».
Guevara sostiene que el país no puede salir de una dictadura para entrar en una etapa de revanchas por lo que le pidió al Parlamento trabajar en dos líneas de acción: «construir las garantías que permitan que quienes sostienen al gobierno, se pongan del lado del pueblo y generar la presión necesaria para que entiendan que es más costoso hundirse con Maduro que ponerse del lado del Pueblo».
Para Guevara, estas personas que sostienen el Gobierno serían los militares, Magistrados, rectoras del CNE, Defensor y Contralor. Incluso, considera que «ni siquiera lo hacen por ideología sino para defender el dinero que han robado».
«Estamos dispuestos a construir las garantías necesarias para que haya una transición en paz», dijo Guevara.
Para otros parlamentarios, como Dinorah Figuera, esta lucha también es espiritual. «A estas hora hay un niño comiendo de la basura. A esta hora hay una madre dando vueltas buscando comida y medicinas. Pero también, a esta hora, hay un militar preguntándose si le toca salir a reprimir», exclamó.
La Asamblea creo una comisión de parlamentarios que tendrán como tarea acercarse a diferentes sectores con el propósito de hacer estas garantías algo tangible y así abrir camino a esa «transición».
Carta a un hermano
Antes de iniciar formalmente los debates, el hermano de Miguel Castillo, asesinado el pasado miércoles durante una manifestación, Juan Castillo tuvo un derecho de palabra, el cuál utilizó para leer una carta dedicada a su madre en la que recuerda a su hermano. Ese joven sonriente y amante de los deportes y quién nunca perdió la esperanza de luchar por un país distinto.
«Juancho», llamo a «hacer la lucha de Miguel y de todos aquellos que han entregado su vida porque podamos quedarnos en este país y ser felices».
Alcaldes unidos contra la persecución
La de este miércoles fue una sesión que muchos recordaron. Y es que este miércoles, varios alcaldes acudieron a la Asamblea Nacional para exponer lo que califican de «persecución», luego de la destitución la semana pasada de Alfredo Ramos por parte del Concejo Municipal de Iribarren, en Lara.
Tres de ellos fueron parlamentarios en periodos anteriores: Gerardo Blyde, Carlos Ocariz y Alfredo Ramos.
El primero en hablar fue el alcalde de Baruta y Presidente de la Asociación de Alcaldes, Gerardo Blyde, quien recordó cómo, en situación de minoría hace unos años, les tocó discutir y defender la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, la cual establece en su artículo 87, cinco caudales para la destitución de un alcalde: muerte, renuncia, incapacidad física o mental permanente y con una sentencia firme del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), revocatorio del mandato y declaratoria de falta absoluta por más de 90 días. «Ninguna de esas causales existe en el caso de Alfredo Ramos», señaló Blyde mientras reflexionaba en torno a que un demócrata acepta que «a veces se es mayoría y a veces, minoría» y criticaba que los oficialistas hubiesen abandonado sus curules.
Recordó además, que lo que califican de «golpe continuado», comenzó con los alcaldes en 2014 cuando el TSJ realizó un juicio sin apelación contra Enzo Scarano y Daniel Ceballos. De allí continuaron Lumay Barreto, Delson Guarate y Warner Jimenez.
A eso se le suman los varios recursos que se han introducido contra Ramón Muchacho, David Smolansky y el propio Blyde, ente otros.
Al respecto, la cabeza municipal de Baruta manifestó:»échenle pichón. No tenemos miedo. No vamos a prohibir protestas pacíficas en nuestros municipios. Sabemos cuáles son nuestros derechos y obligaciones».
Mientras que, el alcalde del Hatillo, David Smolansky señaló que, de 80 alcaldes que tiene la oposición por lo menos 30 tienen Investigaciones o juicios abiertos.
Carlos Ocariz, alcalde de Sucre también. Aprovechó para recordar su época en el Palacio Legislativo y lo hizo a través de un episodio en 2001 cuando los opositores llevaron un cochino para ejemplificar «la cochinada» que en ese momento quería hacer el extinto MVR con la distribución territorial para las elecciones.
Esa «cochinada», dijo Ocariz, «se mantiene con lo que le están haciendo al pueblo. Nosotros seguimos con las mismas convicciones», aseguró.
Por su parte, el ya destituido Alfredo Ramos, cómo lo hicieron dos de sus antecesores, no sólo recordó su época de parlamentario y congresista. También recordó que ya, en 2014, se le había abierto una investigación por las protestas de aquel año así como que se introdujeron día recursos de amparo en su contra. Uno pidiendo su enjuiciamiento y otro, que utilice la policía municipal en el control de orden público, cosa prohibida por Ley.
Ramos informó asimismo, que un Tribunal Militar le solicitó una copia certificada de la autorización de una movilización que hicieron en días pasados en apoyo a unos urbanismos ubicados Frente a la Comandancia 14 de Infantería de la Guardia Nacional.
De esta forma, los parlamentarios opositores le hicieron entrega a los alcaldes, de un acuerdo en el que repudian «los métodos Anto Democráticos»que se han utilizado contra los alcaldes. Piden el cese de la «persecución» y exhortan a la Comisión de Política Interior del Parlamento a que recabe todas las pruebas de estos casos y se señale a los responsables.
De igual forma, remitirán el Acuerdo a los distintos organismos internacionales.
Rechazado una vez más
El Decreto de Emergencia y Estado de excepción fue rechazado una vez más por la mayoría opositora en la Asamblea Nacional luego que si prorroga fuese publicada en Gaceta Oficial.
José Guerra señaló que lo único nuevo que presenta esta extensión que califica de «ilegal» es lo relacionado al sistema cambiario para reducir la especulación en el mercado paralelo. Algo que Guerra rechaza pues considera que la única solución es liberar el mercado.
En cuanto a las denuncias gubernamentales contra varios diputados, incluyendo a Guerra, por, según el gobierno, impedir préstamos internacionales, el también economista sostuvo que «el gobierno se ahorco solito al no venir a presentar la Ley de Endeudamiento y Financiamiento pese a que se lo advertimos».
A título personal, Guerra cree que bajo las condiciones en las que se encuentra el país, «no se puede pagar la deuda externa. Para cómo está la deuda, es impagable. No estoy llamando y nunca lo he hecho, a un default. Lo que estoy diciendo es que se requiere un refinanciamiento y tenemos la obligación desde la Asamblea, de trabajar en ese tema», explicó.
Refinanciamiento que solo sería posible con un cambio de gobierno.]]>
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