El mayor general en situación de retiro de las Fuerzas Armadas Bolivarianas solicitó la designación de un fiscal que dé inicio a una investigación penal sobre unos archivos en los que, asegura, se discuten procedimientos "sobre las formas más efectivas de terminar con las manifestaciones".
Cliver Alcalá Cordones envió este lunes un documento a la Fiscalía General en el que denuncia la existencia de unos archivos digitales cuyo contenido, afirma, «va dirigido a la violación de los Derechos Humanos de los venezolanos que participan en las protestas, las cuales cada día son reprimidas con mayor radicalidad».
El mayor general en situación de retiro de las Fuerzas Armadas Bolivarianas señala que en dichos archivos (un audio y tres documentos en formato Word) fueron dejados en su casa «en días pasados» y en ellos se escuchan conversaciones entre supuestos militares, quienes expresan ideas «bastante radicales» sobre los mecanismos efectivos de acabar con las manifestaciones que la oposición ha venido convocando desde hace más de 50 días.
«Los archivos en formato Word son una transcripción de lo conversado en el audio antes mencionado, acompañado de fotos que dan idea clara del día que tuvo lugar la reunión, fecha, hora además de las personas que la integraban, quienes, presumo, forman parte de la ZODI de Lara», señala Alcalá.
«El uso de la violencia desproporcionada en las manifestaciones constituye una evidente violación a los Derechos Humanos, bajo la forma de posibles delitos de Lesa Humanidad que -según las grabaciones que recibí- parecen ser la próxima opción del Gobierno Nacional para reprimir las protestas y manifestaciones que ocurran en el Territorio Nacional».
El mayor general solicita, por tanto, que proceda una investigación penal sobre los hechos que denuncia.
«Que se tomen las medidas necesarias para evitar la ejecución del plan contenido en los archivos de Word y video que se encuentran en el pendrive, y no se materialice en una lamentable violación de los Derechos Humanos por parte de los cuerpos militares del Estado contra los venezolanos que ejercen su derecho a la protesta», asegura.]]>
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