Venezuela

Mujer muere en Carabobo al no reponerse de ataque por parte de la GN

Este miércoles 31 de mayo fue el sepelio de Ana Conde. Ella no pudo sobrevivir a las complicaciones de salud que siguieron, luego de ser impactada presuntamente por una bomba lacrimógena en su rostro durante los días de disturbios registrados en Naguanagua, a principios de este mes

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Foto: @ariangelys21

Familiares de la víctima, de 39 años de edad, narraron a El Estímulo que Conde salió a buscar a su única hija la noche del jueves 4 de mayo, cuando se registraban saqueos y actos vandálicos. La llamó por teléfono a ver si estaba a resguardo y la joven, de 19 años de edad, le pidió que no se acercara a la zona de la avenida 190, donde trabajaba en una panadería. Sin embargo, la mujer se decidió a salir pero venía un contingente de efectivos militares de la Guardia Nacional, incluso en tanquetas, y en medio de la represión, fue herida.
“Primero la llevamos al ambulatorio Miguel Franco de Naguanagua. De allí al Hospital Ángel Larralde, conocido como Hospital Carabobo, y fue atendida por los médicos”, narró uno de sus parientes que accedió a declarar sin que apareciera su nombre por temor a represalias.

Conde sufría de patologías como diabetes, problemas renales e hipertensión arterial. Sin embargo, el problema principal lo tenía en la herida de la boca, causada por el impacto de la bomba, que costaba mucho para cicatrizarse.
“Después, a los días, nos fuimos con ella al pueblo de Bejuma -en el occidente de Carabobo- porque íbamos a estar más tranquilos. Sin embargo, hubo que volver a hospitalizarla allá y se complicó. Sufrió tres paros respiratorios y murió el lunes 29 de mayo en la noche. Todo esto le vino luego de esa herida y lo peor es que ella vio al guardia que la agredió, hasta recordaba su apellido. Ahora lo dejamos en manos de Dios porque ese guardia también tiene una madre y familia y habrá justicia de Dios”, señaló.

Entre el 2 y 4 de mayo de 2017 se registraron fuertes disturbios en varios municipios del estado Carabobo. Hubo saqueos y actos de vandalismo que arrojaron pérdidas calculadas por Fedecámaras en la entidad de al menos 25 millones de dólares. También numerosas empresas y fábricas han tenido que bajar las santamarías porque no tienen cómo solventar los destrozos y reponer los inventarios y maquinarias dañadas o que les robaron.
Asimismo estos hechos generaron la activación del llamado Plan Zamora en el estado, lo que ha significado la apertura de juicios a civiles ante tribunales militares y la privativa de libertad de más de 110 personas.
A partir de la puesta en marcha de este plan, las actividades como marchas y concentraciones en Carabobo se han visto más asediadas por la represión y los allanamientos a residencias y urbanismos.
Defensores de derechos humanos y abogados que han llevado muchos de estos casos, reclaman que los ciudadanos comunes sean presentados ante sus jueces naturales, es decir los civiles, por considerar que llevarlos ante la justicia militar es anticonstitucional y violatorio de los derechos humanos de los detenidos y privados de libertad. ]]>

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