Muñoz llegó a ostentar cinco cargos diferentes en la administración pública, al mismo tiempo que era el procurador encargado, algo tipificado como delito en el Código Penal, según la información a la que tuvo acceso El Estímulo.
Según fuentes vinculadas al Ministerio Público, el despacho de Luisa Ortega Díaz tiene lista y finiquitada la investigación para formular ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la petición del antejuicio de mérito para ambos funcionarios.
Reinaldo Muñoz es procurador encargado, en el cargo del cual también fue en su oportunidad encargado ilegalmente Manuel Galindo, pues en su momento cuando fue designado la Asamblea Nacional no dio el visto bueno.
Ya que el nombramiento de Galindo no pasó por el parlamento, Muñoz viene a ser encargado ilegal del anterior encargado ilegal, según detalles del proceso.
Todas las representaciones que esté haciendo la Procuraduría en nombre de Venezuela, son ilegales o carecen de validez, según la interpretación jurídica.
Artículo 249 – Constitución Nacional de Venezuela 1999
Dónde comenzó la ilegalidad ?
En el año 2013, el Presidente de la República Nicolás Maduro designó a Manuel Galindo Procurador (E) tras la salida de Cilia Flores del cargo. La Asamblea Nacional no avaló este nombramiento. Más adelante en diciembre de 2014, Galindo es enviado a la Contraloría General de la República, según consta en la Gaceta Oficial 40.567.
Pero antes, delegó a dedo y de manera discrecional sus funciones en Reinaldo Muñoz quien venía desempeñándose como Viceprocurador General.
Es en este momento, cuando Muñoz empieza presuntamente a cometer delito, pues está -según investigación de la Fiscalía- usurpando funciones. Ambos funcionarios están señalados bajo este tipo penal en el expediente que adelanta el Ministerio Público.
Paralelo a sus funciones como Procurador encargado y empleado del Seniat, Muñoz también desempeñó los siguientes cargos dentro de la administración pública:
– Director General de la Consultoría Jurídica del Ministerio de Agricultura y Tierras (Ministro Elías Jaua).
Como Viceprocurador también estuvo a cargo de:
– Consultoría Jurídica de la Vicepresidencia de la República (2011)
– Director del Consejo Directivo de la Fundación Tierra Fértil (2011)
– Secretario Permanente del Consejo de Ministras y Ministros Revolucionarios del Gobierno (2013)
– Director Principal del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden 2013)
Según el capítulo sexto del Código penal, ambos funcionarios incurrieron en el delito de “usurpación de funciones, títulos u honores”.
Artículo 213: “Cualquiera que indebidamente asuma o ejerza funciones públicas civiles o militares, será castigado con prisión de dos a seis meses, y en la misma pena incurrirá todo funcionario público que siga ejerciéndolas después de haber sido legalmente reemplazado o de haberse sido eliminado el cargo”.
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