Los empleados públicos están en el ojo del huracán. En las últimas dos semanas han sido objeto de amenazas e intimidaciones en sus puestos de trabajo. Si quieren conservar su empleo, o el seguro médico, debían retratarse en el proceso constituyente. Ya hay castigos a quienes se negaron: despidos, traslados, exclusión. El Ministerio Público, la Asamblea Nacional y la ONG Provea reciben denuncias
APatricia González* no le llamaba la atención participar en movilizaciones políticas. Ni de un bando, ni del otro. Consideraba que eran peligrosas, que dejaban saldos trágicos. Tampoco hacía comentarios sobre sus preferencias políticas en su entorno laboral. No quería exponerse, ni tener problemas con nadie. Se limitaba a cumplir su horario de trabajo como abogada de 9:00 am a 5:00 pm en la sede de la Defensa Pública, ubicada en la calle Carabobo de Los Teques. Allí acumula 15 años ininterrumpidos de trayectoria. Nunca dejaba de asistir, ni enferma. Tan solo cuando tomaba vacaciones. Para ella, su trabajo era intocable y lo hacía por vocación, no por apego a un partido político.
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