Alcalde merideño Omar Lares se refugió en Colombia

El burgomaestre salió de su municipio el pasado domingo 30 de julio en medio de un allanamiento practicado a la sede de la alcaldía y luego a su residencia de donde fue sacado su hijo, Juan Lares.
“Soy un alcalde en función. He dejado a un encargado pero sabemos que eso en Venezuela no se respetará porque el Estado de Derecho no existe y el hilo Constitucional se ha roto”, declaró.

Su vivienda fue atacada por más de 200 hombres que llegaron en helicópteros con la intención de capturarlo sin ninguna medida judicial, ni con la presencia de un fiscal del Ministerio Público, narró.
“Capturaron a mi hijo, que es ciudadano colombiano, con la intención de que yo me entregara e intercambiarnos. No fue así y yo tuve que huir y temo por mi vida. Mi hijo es ciudadano colombiano y llegue hasta aquí (Cúcuta) para que la Cancillería nos ayude porque a él lo tienen secuestrado en la sede del Sebin en el Helicoide”, denunció.

Al joven Juan Lares, según la información suministrada por su padre, se le estaría violado el debido proceso y aun no lo han presentado a ningún tribunal.
“En las últimas horas se ha desatado una cacería feroz contra quienes nos oponemos al régimen lo que ha hecho que tanto alcaldes como diputados a la Asamblea Nacional, como Carmen Maria Sívoli, hayamos salido del país para resguardar nuestras vidas”, dijo.

La búsqueda de ayuda por parte de organismos internacionales que contribuyan a apoyar su estatus migratorio de emergencia, es la prioridad de Lares,  quien señaló que “todo empezó porque nosotros desconocimos a las medidas tomadas por el Tribunal Supremo del Gobierno que vienen dictando medidas de acuerdo a lo que dice el régimen y no la habíamos acatado, ni pensábamos acatar”.
Medida cautelar

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) había dictado en mayo pasado una medida de protección para los habitantes de varios municipios del país, entre ellos los municipios Campos Elías del estado Mérida, debido a la presunta vulneración de derechos fundamentales y afectaciones por acciones de calles de grupos de oposición.
Las consecuencias del desacato al TSJ, ha llevado a la detención de varios alcaldes venezolanos como Alfredo Ramos del municipio Iribarren del estado Lara; el alcalde de Mérida, Carlos García Odón,  destituido y condenado a 15 meses de prisión. De igual forma, el burgomaestre Juan Peña de El Vigía, que se encuentra bajo una medida del TSJ.
“Fue la misma decisión que llevó a la cárcel al alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, detenido en el 2014 con quién inició todo y eso lo demuestra la medida por parte del TSJ que recae en contra de Patricia Gutiérrez, alcaldesa de San Cristóbal y esposa de Ceballos», recordó.

Dijo que a través de la Asociación de Alcaldes se ha tratado de luchar pero al no existir Estado de Derecho poco se puede lograr.
“Nos queda que los organismos internacionales se pronuncien a favor nuestro porque somos alcaldes elegidos por la voluntad popular y estamos siendo sustituidos por personas que están a favor del gobierno, violentando los derechos de los ciudadanos que escogieron a su alcalde”, relató.

El tema de la Constituyente fue abordado por el alcalde como “la estafa más grande en la historia electoral de Venezuela que descubrió Smartmatic. Tan descarada que ni siquiera la empresa que presta el servicio fue capaz de soportarle. Esto lo tenemos que decir fuera de Venezuela porque allá no se puede decir”.]]>