Hasta ahora son cinco los magistrados nombrados por la Asamblea Nacional opositora y un líder opositor los que se encuentran a resguardo en la embajada chilena en Caracas. Un análisis de DW explica que por qué los jueces perseguidos por el gobierno de Nicolás Maduro escogen el país austral.
El 21 de julio la Asamblea Nacional venezolana, de mayoría opositora, nombró a 33 magistrados para conformar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), después de considerar ilegítimo el nombramiento de quienes ocupan actualmente esos puestos. Tras el juramento, los jueces designados por el Parlamento se convirtieron en perseguidos políticos, ya que según el Poder Judicial que respalda al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, estarían cometiendo usurpación de funciones y su designación sería nula, lo que tendría consecuencias judiciales.
Después de que Maduro declarara que los magistrados nominados por la Asamblea Nacional irían presos, el amedrentamiento se inició de manera inmediata. Hasta ahora dos jueces han sido detenidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). Se trata de Jesús Rojas Torres y Ángel Zerpa, que están siendo procesados. Después de estos arrestos, varios de los nuevos magistrados optaron por pedir protección a otros países, siendo la embajada de Chile en Caracas la más solicitada.
El politólogo venezolano Yosbert Vásquez dice a DW que la trascendencia de la persecución a los magistrados tiene un significado importante para la comunidad internacional, porque “hay una lectura politológica que se relaciona con la violatoria de uno de los principios básicos de la democracia en el mundo, que es la división de poderes y respeto por las decisiones que puede tomar cada poder dentro del Estado. Esto agrava y da más relevancia a su persecución.
Si bien los parlamentarios opositores también han sido víctimas de ataques y amedrentamiento, los diputados, a diferencia de los magistrados, representan una lucha política partidista, representan a un sector que abarca las masas, a diferencia de los magistrados que son académicos, son personas que representan la institucionalidad del país más allá de sectores políticos”.
Empatía histórica y tradición democrática
Luis Marcano Salazar, Zuleima González, Beatriz Ruiz Marín, José Fernando Núñez Sifontes y Elenys del Valle Rodríguez son los cinco magistrados que se encuentran en calidad de huéspedes en la embajada chilena. A ellos se suma el dirigente nacional del partido socialcristiano Copei, Roberto Enríquez, que se encuentra en la misma situación que los juristas desde el pasado mes de abril. A todos se les daría asilo político en caso de que lo soliciten, ha asegurado la cancillería chilena.
Según ha señalado el canciller chileno, Heraldo Muñoz, la capacidad de la residencia del embajador Pedro Ramírez se encuentra a tope. “Logística copada, pero compromiso incólume”, señaló cuando llegó el último magistrado a la embajada. De hecho, la cancillería ya maneja un plan de acción si la situación empeora en Venezuela y la cantidad de solicitantes de protección se multiplica. Se estima que se podrían recibir hasta 60 personas instalando carpas y baños químicos, de ser necesario, ya que las puertas de la embajada están abiertas a todo venezolano que se sienta en peligro.
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