Los altos funcionarios quieren un aumento de sueldo para "sobrevivir"

La lista de Luis Tascón jamás fue enterrada, pese a la orden que ya hace unos 12 años dictó el difunto comandante Hugo Chávez. Sin embargo, otro texto promovido por el fallecido diputado del estado Táchira sí fue inhumado el 14 de agosto, cuando la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la “nulidad absoluta” de la Ley Orgánica de Emolumentos, Pensiones y Jubilaciones de los Altos Funcionarios y Altas Funcionarias del Poder Público.
Aunque este hecho pasó prácticamente por debajo de la mesa, merece varias lecturas. La primera: los funcionarios chavistas quieren ganar más dinero. Al menos, legalmente hablando. La norma en cuestión fijaba un tope de “doce salarios mínimos como límite máximo” para los altos jerarcas del régimen, incluidos el Presidente de la República, sus ministros y los jefes de los poderes públicos.
Pero el problema no estaba en la cúspide. En la base de la estructura burocrática, los alcaldes podían recibir “el monto equivalente a siete salarios mínimos como límite”, al tiempo que los concejales municipales apenas alcanzaban “el monto equivalente a cinco salarios mínimos como límite máximo”.
Para remate, el artículo 17 de la Ley de Emolumentos estipula: «Las escalas de sueldos y salarios y el sistema de beneficios sociales de los sujetos regulados en la presente Ley, tendrán vigencia en el ejercicio fiscal del año siguiente en que se haya fijado el salario mínimo de referencia y sólo podrán ajustarse si este gasto se prevé en la formulación de las leyes y ordenanzas de presupuesto anual”. Es decir, que los múltiples aumentos del salario mínimo que se decretan en un mismo año, no se podían reflejar inmediata o automáticamente en el bolsillo de los altos funcionarios.
El salario mínimo está fijado en 97.531 bolívares. Tomando como referencia esa suma, el presidente Nicolás Maduro tendría un sueldo mensual de 1.170.372 bolívares y –por citar un ejemplo- el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, podría percibir 682.717 bolívares. El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros calculó que la canasta alimentaria familiar se ubicó en julio en 1.443.634,25 bolívares.
Ganó la oposición
La demanda de nulidad contra la Ley de Emolumentos no la introdujo un funcionario chavista. El recurso fue presentado el 21 de marzo de 2017 por Neidy Rosal González, diputada del Consejo Legislativo del estado Carabobo, jefe de la fracción de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en ese foro y antigua dirigente de Proyecto Venezuela.
El TSJ suele rechazar todas las acciones de la oposición, pero en esta ocasión solo le tomó cinco meses revisar la solicitud de la vocera de la MUD y darle la razón. La Sala Constitucional destaca en su argumentación que la norma, publicada en Gaceta Oficial el 12 de enero de 2011, supuso “una drástica disminución de la remuneración de los funcionarios o funcionarias de alto nivel, lo cual constituye una violación de sus legítimos derechos y de los principios constitucionales de intangibilidad y progresividad de los derechos que gozan todos los trabajadores, así como un deterioro sistemático y continuo de la relación (responsabilidad) trabajo-salario”.
Rosal González, ahora beneficiada por el fallo de la Sala Constitucional, alcanzó notoriedad en 2010 por asumir la denuncia de las decenas de miles de toneladas de comida descompuesta halladas en Puerto Cabello en el marco del caso Pdval (Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos). El TSJ que jamás escuchó el clamor de la oposición que exigía castigar a los culpables de la pérdida de millones de dólares y kilos de alimentos, en esta oportunidad sí atendió la solicitud de los adversarios del régimen.
Magistrados-Diputados
Quienes hoy liquidan la Ley de Emolumentos, ayer la aplaudieron con entusiasmo. Aprobada por la Asamblea Nacional el 29 de diciembre de 2010, la Ley de Emolumentos fue una de las últimas normas sancionadas por aquella Cámara “roja rojita” de la cual formaron parte los magistrados Juan José Mendoza y Calixto Ortega, presidente y miembro de la Sala Constitucional, respectivamente.
Hace casi siete años, toda la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) respaldó el texto sin fisuras, subida en el discurso de Chávez que exclamaba: “aquí se tienen que acabar los megasueldos, los megasalarios, los megabonos, ¡el que quiera volverse rico váyase a otro lado!”.
Los tiempos cambian y las opiniones también. Mendoza fue el ponente del fallo y Ortega suscribió el documento que determina “la nulidad absoluta por razones de inconstitucionalidad” de la norma que un día apoyaron.
Los ricos también lloran
Cuando la Ley de Emolumentos fue sancionada, el salario mínimo estaba en 1.223 bolívares y la inflación anual en 27,2%. A pesar de las críticas que calificaban al instrumento como populista y demagógico, nada detuvo a sus promotores.
No obstante, la actual Sala Constitucional –donde coinciden dos ex parlamentarios del PSUV- observa que ese texto produjo “una disminución de la calidad de vida” de los altos funcionarios, “al verse afectado su ingreso adecuado para atender a su subsistencia y la de sus familias, como lo requieren con dignidad de la persona humana”.
Para resarcirlos por el daño sufrido, el TSJ “ordena que una vez sea decretado por el Ejecutivo Nacional cualquier aumento salarial, tal incremento tendrá vigencia de forma inmediata, incluyendo el ajuste pendiente correspondiente al año 2017”, y dispone que “los órganos del Estado deberán reconocer a las máximas autoridades previstas en la Ley la recompensa por antigüedad en el servicio prestado por las máximas autoridades, la cual tendrá incidencia en los haberes a recibir por los sujetos regulados en la ley anulada”.
Chávez aseveró que “ser rico es malo”, pero luego aclaró: “nunca he dicho que ser pobre es bueno. Ojalá algún día no haya pobreza en este mundo”. Quizás con la intención de erradicar esa plaga, la Sala Constitucional auxilia a los máximos representantes del Estado venezolano empobrecidos por la revolución.]]>