68% de la flota de Bus Margarita está paralizada

Samuel Torres, supervisor de Transporte de la empresa, informó que de las 73 unidades disponibles 46 están en falla por falta de aceite, cauchos y otros repuestos, y 4 se encuentran en una condición irrecuperable, ya que las utilizan para reparar otras.
Indicó que esto se debe a la mala gerencia del presidente actual de la compañía, Neiro Márquez, quien no garantiza el necesario mantenimiento de los autobuses que estaban 90% operativos cuando él asumió las riendas, reemplazando a José Luis Añez.
“Más de 70% de los empleados, incluyendo a los trabajadores operativos, de Recaudación, Administración y Mantenimiento están en total desacuerdo con la gestión del presidente actual y el gerente general, Nelson Marcano, quienes son responsables del mal manejo de una flota de buses asignada por el Ministerio de Transporte al estado Nueva Esparta. Además, está el incumplimiento con el pago de salarios y bonos de alimentación a los trabajadores y de otros compromisos laborales. Lo que nos lleva a pedirles al Gobernador y al Ministro que tomen una decisión urgente y tomen las riendas de tan valiosa empresa para atender a un pueblo que está urgido de ser transportado con un servicio de calidad”, dijo.

El jueves, siete empleados fueron citados por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas por acusaciones de robo en la empresa. José Gregorio Antón es uno de ellos y dijo que constantemente sufren el acoso laboral. Precisó que las autoridades los reseñaron y abrieron un expediente penal por supuesto fraude a la nación.
“Esto es un atropello más. Nosotros denunciamos que tienen solo 10% de la flota operativa y nos están pasando factura. Las unidades que sirven están en servicios especiales y haciendo proselitismo político, mientras que el pueblo está desamparado pasando necesidades. Vamos a pelear por la vía legal”, manifestó.
Luego de que los trabajadores hicieron la denuncia en los medios de comunicación les fue prohibida su entrada a la sede de la empresa en horas de la tarde. Les informaron que fue orden del presidente y que debían entrar a firmar la asistencia y retirarse. Se trató de conversar con Neiro Márquez, sin embargo, indicó que no ofrecería declaraciones sobre el tema en este momento.
Bus Margarita fue fundada en julio del año 2014 como parte de la gestión del gobernador Carlos Mata Figueroa. Su presidencia la han ocupado Paúl Hidalgo, César Contreras, José Luis Añez y ahora, Márquez. En diciembre de 2016 se produjo el último cambio alegando que el jefe de la empresa había autorizado un ajuste de tarifas ilegal en detrimento del servicio e incurriendo en una grave afectación a los usuarios.
Un mes más tarde se produjo un incremento de 200% en los pasajes de algunas rutas. La Porlamar – Boca de Río, por ejemplo, que estaba en 60 bolívares pasó a 180 bolívares. En este momento cuesta 590 bolívares. Las que cubren Porlamar – Punta de Piedras y Porlamar -Juan Griego costaban 60 bolívares, subió a 120 empezando el año y ahora están en 400 bolívares.
Al asumir el nuevo presidente algunos trabajadores denunciaron ante el Ministerio de Trabajo que fueron despedidos injustamente y lograron ser reenganchados. Otros no corrieron con esa suerte, pues departamentos como el de Comunicación e Información fueron eliminados por completo dejándolos sin empleo. Desde entonces hay muchas críticas y quejas de los usuarios por lo que califican un “pésimo servicio”.

Entre las denuncias de este grupo está también que la gerencia estafó a los usuarios obligándolos a comprar las tarjetas inteligentes para poder trasladarse en sus unidades de transporte y prácticamente estas nunca llegan al terminal.
“Vendieron un producto a los usuarios y no lo pueden usar porque el servicio está casi paralizado. Estafaron al pueblo. Si mandan a rutas 7 unidades es mucho. Las otras están a disposición de la Gobernación y las instituciones del estado para hacer lo que quieran. Todos los días hay problemas con los ciudadanos, quieres reclaman con razón que los autobuses rojos nunca llegan”, afirmó Torres tras aclarar que la denuncia no es política y que se trata de revolucionarios luchando por el bien de las comunidades y de los padres de familia que laboran en esta empresa oficial.
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