El gobierno de Nicolás Maduro liberó al filo de la medianoche a dos presos políticos del partido Voluntad Popular, el dirigente Yon Goicoechea y el alcalde del municipio Mario Briceño Iragorry, Delson Guarate, pero tiene en la mira al número dos de esa organización política y vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara.
El Tribunal Supremo de Justicia, catalogado por la oposición como el ‘bufete privado’ del jefe de Estado, ordenó el viernes juzgar a Guevara y acordó levantar su inmunidad parlamentaria por supuestos delitos cuyas penas llegan hasta los 10 años de prisión.
Esas órdenes no fueron anunciadas de manera oficial por el tribunal sino por el propio Maduro en un acto el viernes.
El mandatario también advirtió que la próxima semana la Asamblea Nacional Constituyente chavista aprobará la llamada «Ley Contra el Odio y el Terrorismo», que se anuncia como el instrumento legal para encauzar políticamente a los políticos que participaron en la ola de protestas de este año contra su gobierno.
Guevara fue uno de los principales voceros de esas protestas, que costaron la vida a más de 150 personas y detuvieron a otras 4.000 según estimaciones de la ONG local, Foro Penal Venezolano.
Maduro ha solicitado públicamente detener a Guevara y al presidente de la Asamblea Nacional opositora, Julio Borges, a quienes responsabiliza directamente de las muertes y de las sanciones políticas y comerciales que ha enfrentado su gobierno tras la instalación de la Constituyente el 4 de agosto.
Las acciones judiciales contra Guevara han generado reacciones dentro y fuera de Venezuela. La fracturada alianza Mesa de la Unidad Democrática se solidarizó con el parlamentario y atribuyó la medida del TSJ a la negativa de los mayores partidos de la disidencia en no participar en los comicios municipales del 10 de diciembre.
En tanto, el gobierno de España calificó este sábado de «nuevo atentado contra la democracia» el juicio contra Guevara.
En un comunicado del ministerio de Exteriores en el que mostró su «rechazo» a esa orden, Madrid condenó «este nuevo atentado contra la democracia venezolana y contra su Asamblea Nacional, único poder legislativo legítimo».
Voluntad Popular, el mismo partido del preso político Leopoldo López, advierte que las acciones contra su coordinador nacional buscan la posible ilegalización de la organización política.
La liberación de presos políticos al tiempo que se encarcelan a otros disidentes por el gobierno tiene un nombre para el director Alfredo Romero: el efecto puerta giratoria. Hasta el primero de noviembre, esa organización contabilizaba 391 encarcelados por razones políticas en Venezuela.]]>
"Esa oficina se desvió. De ser una oficina de asesoría técnica que debe respetar las instituciones y más bien asesorar la reformas legales que el país necesita, asesorar las instituciones para que mejoren, de repente se transformó en una oficina de espionaje interno, de conspiración interna", dijo Maduro en su programa de televisión
Esta no es la primera vez que el gobierno estadounidense entrega a individuos sometidos a juicio, como producto de una negociación política. El caso de Alex Saab, sin embargo, tiene matices con respecto a sus antecedentes.
Según Joe Biden el compromiso era liberar a 20 presos políticos venezolanos en la operación de canje que devolvió al colombiano Alex Saab a Caracas. De momento, la lista tiene algunas lagunas
