La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela en el exilio anunció hoy la remisión a la Corte Penal Internacional (CPI) de una denuncia de un ciudadano venezolano por violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte de las autoridades de su país.
El magistrado Pedro Troconis, presidente de la Sala de Casación Penal del TSJ «legítimo», indicó además que se pide al Consejo de Seguridad de la ONU que tenga en consideración la posibilidad de pedir a Interpol que emita alertas para las personas mencionadas en la denuncia, encabezada por el presidente venezolano, Nicolás Maduro.
En la denuncia se menciona a la «mayoría del generalato» de Venezuela y al vicepresidente Tareck El Aissami y el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello.
El TSJ dice que remite esta denuncia en razón de que el poder judicial venezolano está «subordinado» al ejecutivo y a que Venezuela es firmante del Estatuto de Roma y la legislación venezolana reconoce el principio de complementariedad de ese organismo internacional.
Desde octubre pasado, los jueces del TSJ elegidos y juramentados por la Asamblea Nacional de Venezuela (Parlamento, de mayoría opositora) en julio pasado están celebrando sesiones en Washington en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA).]]>
El fiscal de la CPI expresó que la oficina no trabajaría de forma secreta ni ilegalmente. Durante su visita, Khan se ha reunido con Maduro y Delcy Rodríguez. Su enfoque es "claro": seguir investigando los crímenes de lesa humanidad
En país donde la crisis económica ha barrido el ahorro familiar y el valor de los ingresos fijos, la morosidad en las cuotas de los condominios se dispara y afecta la convivencia y la condiciones de vida en espacios comunes. Estas son algunas propuestas viables.
El gobierno de Nicolás Maduro solicitó al tribunal en agosto de 2022 que suspendiera su investigación sobre presuntas violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones en las que más de 100 personas murieron. El argumento era que la cuestión debía dirimirse en su propio sistema judicial
