Heyker Vásquez falleció por impactos de bala ese lunes en El Junquito. El miércoles fue su entierro en el Cementerio del Este, a 40 kilómetros del sitio. En el registro tampoco estaba su nombre. Solo aparecía como «funcionario del Sebin».
Desde temprano, motorizados civiles y funcionarios del Faes salieron en caravana desde el populoso barrio 23 de enero, desplegando armas largas y rostros tapados y escoltando el cuerpo de este personaje sobre el que hay más dudas que respuestas.
El ambiente en el cementerio era de tensión. Personal del recinto, así como personas que velaban a familiares, mostraban su rechazo al entierro de Vásquez. También criticaban que los funcionarios estuviesen con los rostros cubiertos y con armas largas circulando por el camposanto.
No se escucharon disparos al aire, ni ningún tipo de ruido. Solo entraban y salían funcionarios de la PNB y algunos militares de la Guardia Nacional. Parte del personal no ocultaba su miedo por la presencia de los funcionarios en el lugar.
Uno de los presentes, cuyo nombre pidió no revelar, relató que se encontraba allí velando a un amigo de la infancia. Dudó en asistir al enterarse que Heiker sería enterrado allí. «¿Cómo es que el líder de un colectivo es prácticamente despedido con honores como si fuera un héroe, cuando todo el mundo vio lo que ocurrió?», decía.
«Queremos que nos entreguen los cuerpos»
Al otro lado de la ciudad, en la morgue de Bello Monte, el escenario era uno completamente distinto.
Allegados a Óscar Pérez, José Alejandro Díaz Pimentel y Abraham Agostini esperaban por ver los cuerpos de los funcionarios, sin obtener respuestas. La familia Agostini se trasladó desde la morgue de Bello Monte hasta la sede administrativa de la Asamblea Nacional, donde rindieron testimonio ante la comisión especial designada por el Parlamento para investigar la «Operación Gedeón».
Desde allí, Zeila Agostini, madre de Abraham, señaló que su hijo «no era ningún asesino ni terrorista. Mi hijo murió como un héroe. Él sintió el dolor, el hambre y la escasez de este pueblo. Vivió conmigo hasta el 15 de diciembre cuando se marchó a luchar por este país porque no lo aguantaba más«.
Según relató, Abraham le envió mensajes en los que decía: «Me da impotencia, coraje, que el pueblo de Venezuela esté lleno de miedo. Así tenga que dejar mi vida, voy a ir a luchar por mi país». Confirmaba así, que el mensaje que circuló ese mismo 15 de diciembre en el que uno de las personas que acompañaba a Pérez se despedía de su esposa e hijos y mencionaba al general Baduel, era el mensaje de su hijo.
Pedía a las autoridades que le entregaran el cuerpo de su hijo. Esas fueron sus últimas palabras a la prensa. Luego retornó a la morgue, donde la dejaron ingresar. Cinco horas después, no había podido ver el cuerpo de su hijo. Le indicaron que debía firmar una planilla donde decía que sí lo había visto. Ella se negó.
Lo mismo le dijeron a Aura Pérez, tía de Óscar Pérez. Señaló que «ya lo que iban a hacer (gobierno), lo hicieron. Lo mataron. Queremos verlo. Que nos entreguen su cuerpo. Nosotros ya tenemos un lugar para enterrarlo. No queremos que nos entreguen sus cenizas». Funcionarios de la morgue dijeron que le entregarían el acta de defunción este jueves ya que «se había hecho tarde» y faltaban los nombres de los hijos de Pérez.
En el caso de la familia de Jose Pimentel, ya tenían en su poder él acta de defunción. «Muerte por traumatismo craneoencefálico por arma de fuego«, decía en la causa de muerte.
Ellos acudieron primero a los tribunales militares: “aquí no tienen nada que hacer. Aquí no hay muertos. Los muertos están allá», fue lo que les dijeron. Sin embargo, el director de la morgue le indicó al diputado Winston Flores que los cuerpos no serían entregados porque estaban a la orden del tribunal militar. También le aseguró que no serían cremados.
En medio del acordonamiento militar en la morgue, con más de cinco alcabalas, los familiares tienen la misma exigencia: que entreguen los cuerpos de Daniel Soto, Abraham Lugo, José Díaz Pimentel, Jairo Lugo, Abraham Agostini, Óscar Pérez y Lisbeth Andreina Ramírez. Allí acudieron un grupo de mujeres para expresar su apoyo a los familiares. Con pancartas y consignas de «no son terroristas, son libertadores», rechazaban lo que califican de «ajusticiamiento» y «ejecución extrajudicial».
Ya los funcionarios policiales fallecidos en El Junquito fueron enterrados. Sus familiares los despidieron y hasta honores les rindieron. Del otro lado, los familiares de estas siete personas solo reciben negativas y maltratos, como denuncian.
Desde el Parlamento, la comisión especial presidida por la diputada Delsa Solorzano citó para este viernes a varios funcionarios, entre ellos a Néstor Reverol, aunque no es su condición de ministro por tener un voto de censura de la Asamblea, y a los directores de la PNB, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Ramón Pimentel, Freddy Bernal y el ministro Vladimir Padrino.
También pedirán que expertos en criminalística expliquen la operación y si hubo o no irregularidades así como a los familiares de estas personas asesinadas. Tras 48 horas del llamado «Operativo Gedeón», siguen siendo más las preguntas y vacíos que las respuestas.