Luisa Ortega Díaz, la fiscal general destituida por sus antiguos camaradas del Tribunal Supremo de Justicia por orden oficial, solicitó este miércoles extender a los familiares de los funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro las sanciones impuestas por la Unión Europea (UE).
Ortega Díaz sostuvo una reunión con el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, para hacer esta solicitud que recaería a los familiares de siete altos funcionarios sancionados por el bloque el 18 de enero: el número dos del chavismo, Diosdado Cabello; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno; la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; el fiscal general designado por el máximo tribunal, Tarek William Saab; el ministro del Interior, Nestor Reverol; el excomandante de la Guardia Nacional, Antonio Benavides y el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López.
«Reunida con el presidente del Parlamento Europeo @Antonio_Tajani, solicitándole que se extiendan las sanciones a los familiares de los funcionarios del gobierno venezolano, ente otras acciones que pueden incidir en el restablecimiento de la democracia en #Venezuela», escribió Ortega Díaz en Twitter.
El encuentro se efectuó en la ciudad de Bruselas, sede del parlamento europeo.
#AHORA Reunida con el presidente del Parlamento Europeo @Antonio_Tajani, solicitándole que se extiendan las sanciones a los familiares de los funcionarios del gobierno venezolano, entre otras acciones que pueden incidir en el restablecimiento de la democracia en #Venezuela pic.twitter.com/FE6L4pkUL5
— Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) 14 de marzo de 2018
La fiscal en el exilio visitó el viernes La Haya para ampliar una denuncia que presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI), una documentación que incluirá pruebas que vinculan presuntamente al presidente venezolano, Nicolás Maduro, con el asesinato de Óscar Pérez.]]>
El fiscal de la CPI expresó que la oficina no trabajaría de forma secreta ni ilegalmente. Durante su visita, Khan se ha reunido con Maduro y Delcy Rodríguez. Su enfoque es "claro": seguir investigando los crímenes de lesa humanidad
"Venezuela rechaza una vez más la pretensión del gobierno de los Estados Unidos de América de monitorear, tutelar, controlar y manipular la industria petrolera venezolana a través de su política ilegal de imposición de medidas coercitivas y licencias", dijo el canciller Yván Gil al leer un comunicado
El gobierno de Nicolás Maduro solicitó al tribunal en agosto de 2022 que suspendiera su investigación sobre presuntas violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones en las que más de 100 personas murieron. El argumento era que la cuestión debía dirimirse en su propio sistema judicial
