La Corte Marcial venezolana emitió una orden revelada este martes, donde anula la sentencia que enjuicio a más de 10 años de prisión a varios militares y civiles por su presunta participación en 2015 de un movimiento armado contra el gobierno, nombrado “Golpe Azul”.
“Hoy se pudo conocer formalmente que Juicio de caso “golpe azul” quedó anulado, por lo que las sentencias condenatorias de ocho Presos Políticos quedaron sin efecto. Aunque injustamente se mantiene privativa de libertad”, denunció el director de la ONG Foro Penal a través de su cuenta en Twitter.
El documento, con fecha del 22 diciembre de 2017, ordena anular la sentencia impuesta por el Tribunal Militar 2° accidental de Maracay, estado Aragua, que sentenció a ocho personas (5 militares y 3 civiles) sin contar con pruebas del caso.
El 12 de febrero de 2015 el presidente Nicolás Maduro denunció un supuesto atentado golpista, en el que los involucrados eran funcionarios de la aviación venezolana.
#2Abril Hoy se pudo conocer formalmente que Juicio de caso “golpe azul” quedó ANULADO, por lo que las sentencias condenatorias de 8 Presos Políticos quedaron sin efecto. Aunque injustamente se mantiene privativa de libertad. pic.twitter.com/ybH8otuAvK
— Alfredo Romero (@alfredoromero) 3 de abril de 2018
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La ONG activa en la defensa de las personas detenidas de manera arbitraria en Venezuela, incluyendo los presos políticos, gana prestigioso reconocimiento de la entidad sueca Civil Rigths Defenders (Defensores de los Derechos Civiles).
La ONG remarcó que en Venezuela hay 306 presos políticos, la mayoría sin proceso judicial a pesar de tener más de dos años detenidos. También alertó sobre el traslado a cárceles comunes, para "lavarse la cara" ante la Corte Penal Internacional
En su sentencia, la Corte Interamericana con sede en Costa Rica señala que las muertes de esos reclusos “perfectamente encuadran en ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias”. Ordena al Estado venezolano una reparación a familiares y víctimas e investigar responsabilidades, pues la masacre cometida en 2003 sigue impune.
