«Le hago un llamado a la Cancillería como fiscal general (…) hay que protestar a Colombia, al Estado colombiano en términos jurídicos legales la acción de conspiración desde su territorio contra nuestro país», dijo en una entrevista a la emisora Unión Radio.
Con ello se refirió a una sesión de deliberación que sostuvo la instancia que funciona fuera de Venezuela, un grupo de magistrados designados por el Parlamento venezolano en 2017 y que debían haber sustituido a otro grupo de juristas afines al oficialismo.
Estos magistrados fueron desconocidos por el Gobierno de Maduro y, tras ordenarse su detención, huyeron del país y ahora realizan sesiones desde el exterior asumiendo las facultades de jueces.
A este grupo se han sumado además la exfiscal general Luisa Ortega Díaz, destituida por el chavismo luego de que esta hizo una serie de acusaciones contra el Gobierno e inició una serie de procedimientos por violaciones de derechos humanos contra funcionarios de seguridad pública.
En la más reciente sesión de los juristas venezolanos, aparentemente celebrada en Bogotá, se solicitó el retiro de la inmunidad al presidente Maduro para iniciar un proceso judicial por su presunta responsabilidad con los casos de corrupción en el país con la brasileña Odebrecht, un pedido que el Parlamento materializó este martes.
Saab calificó de «inadmisible en el derecho internacional público» que Colombia «preste un territorio, un salón oficial de una institución del Estado colombiano para atentar contra la democracia venezolana».
Por otra parte, Saab, criticó la gestión de la fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz, quien a su juicio convirtió al Ministerio Público en “una máquina para delinquir”.
Aseguró que la gestión de Ortega Díaz “se prestó para judicializar prácticamente de manera represiva” con mayor énfasis hacia la disidencia política del país. Allí destacó los casos de los líderes políticos Leopoldo López, Antonio Ledezma y el ex comisario Iván Simonovis.
Dijo que cuando ocupó la cartera de la Defensoría del Pueblo tuvo varias discusiones con la ex fiscal por las detenciones y las condiciones que imponía al momento de recluir a varios opositores. “Todo el mundo sabe que en el caso de Leopoldo López, Ledezma y Simonovis no les dio el legítimo derecho a la defensa”.
Señaló que la ex fiscal actuó con crueldad hacia los estudiantes que fueron detenidos de manera masiva durante las protestas del 2014.
Los casos citados por Saab son los de López, coordinador nacional del partido Voluntad Popular, quien fue condenado a casi 14 años de prisión por su responsabilidad en los hechos de violencia y los daños causados al término de una marcha opositora celebrada el 12 de febrero 2014. Actualmente es considerado como el preso más emblemático de la oposición venezolana.
El caso de Ledezma, detenido desde 2015, sin juicio, por su supuesta vinculación con un plan de «conspiración» contra el gobierno de Maduro, primero recluido en una cárcel militar y después en su residencia de donde huyó del país hace unos meses.
El pasado 17 de noviembre de 2017, Antonio Ledezma, se fugó de su casa en Santa Rosa de Lima donde cumplía arresto domicilario luego de haber sido implicado en un presunto plan magnicida en contra del presidente Nicolás Maduro.
Firmó el llamado “Acuerdo Nacional de Transición”, junto a Leopoldo López y María Corina Machado, documento usado como prueba por las autoridades para llevar a cabo un proceso en su contra.
En febrero de 2015, efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional allanaron las oficinas del partido Alianza Bravo Pueblo en la Torre Exa, en la Avenida Libertador y desde entonces se encontraba detenido.
Por su parte, el ex comisario Iván Simonovis, condenado a 30 años en 2009 y bajo arresto domiciliario desde 2014 por dos de las 19 muertes registradas durante la marcha opositora que precedió al golpe de Estado de 2002 contra Hugo Chávez.]]>