Los parlamentarios acordaron por unanimidad el inicio del procedimiento «de manera inmediata» contra el director de la DGCIM, el general Iván Hernández; al jefe de Investigaciones, el coronel José Franco Quintero, y su cadena de mando «por la presunta ejecución de torturas y violaciones a los derechos humanos de decenas de presos políticos», según el texto oficial.
La decisión del parlamento, tras la sesión a la que solo acudieron los diputados opositores, prevé llevar estos casos hasta «las respectivas instancias internacionales».
Los diputados sostuvieron que en los últimos años se ha llevado a cabo «la destrucción institucional de la Fuerza Armada Nacional, pues esta ha sido empleada como un instrumento político y no como garante de la paz y estabilidad».
El debate se dio a propósito de la detención de varios implicados, algunos de ellos militares, en un supuesto plan de conspiración financiado por factores políticos de Colombia y los Estados Unidos, según el presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Aseguró que este supuesto plan intentaría impedir las elecciones del pasado día 20 en las que fue reelegido como jefe de Estado.
Al menos 40 militares han sido detenidos en el país en lo que va de año, la mayoría de ellos acusados de delitos contra el decoro militar, rebelión, traición a la patria y motín, según Foro Penal.
La Asamblea Nacional, pese a que sus decisiones son consideradas nulas por el Estado, exigió «la inmediata liberación de los presos políticos civiles y militares» detenidos por expresar sus ideas, además de las garantías de un debido proceso.
Los opositores responsabilizaron al alto mando militar por «la complicidad institucional en la violación de los derechos fundamentales de los presos políticos militares, así como por el irrespeto al debido proceso de los mismos».
La discusión de los diputados opositores coincidió con el inició de una jornada militar, dirigida por la jerarquía de la institución castrense, para hacer que las tropas juren «lealtad» al primer mandatario.]]>