El general retirado Ángel Vivas, uno de los presos políticos liberados la semana pasada, fue operado este miércoles de la próstata y de tres hernias a nivel abdominal, producto de las agresiones que recibió durante su reclusión en El Helicoide, según su esposa.
Estrella Victoria de Vivas, publicó a través de su cuenta en Twitter, aseguró que las lesiones se deben a «las patadas que recibió por parte de los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin)” durante su reclusión.
“Lo de su columna todavía está estudiándose. Aunque hasta ahora pareciera que el daño es irreparable. No fue atendido a tiempo”, publicó.
Ángel Vivas, quien fue degrado de su cargo por el presidente Nicolás Maduro, fue uno de los presos políticos que fueron liberados el pasado 1 de junio.
El @Gral_Vivas_P acaba d ser sometido a una cirugía tanto d prostata como d 3 hernias a nivel d abdomen resultado d las patadas recibidas. Lo d su columna todavia está en estudio. Aunque hasta ahora pareciera ser que el DAÑO ES IREPARABLE. No fue atendió a tiempo. @NicolasMaduro https://t.co/2k6RIYoruj
— Estrella Vitora (@Estrella_Vitora) 6 de junio de 2018
El @Gral_Vivas_P entró hoy #6Jun a la 1 pm al quirofano. Los especialistas nos informaron que acaba de terminar la cirugia. Todo salió bien. En espera de que lo traigan a la habitación.
— Estrella Vitora (@Estrella_Vitora) 6 de junio de 2018
La defensa recordó que en 2021 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó a Vivas y su familia medidas cautelares por considerar que "se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo" a sus derechos en Venezuela
Chevron Corporation, Halliburton, Schlumberger Limited, Baker Hughes, de GE, y Weatherford International, Sociedad Anónima, están autorizadas a mantener sus operaciones esenciales en Venezuela en el marco de las sanciones contra Pdvsa y el régimen de Nicolás Maduro, según la OFAC, la oficina del Departamento del Tesoro.
El 5 de octubre de 2018, el concejal del municipio Libertador, Fernando Albán, fue detenido en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Tres días después se informó de su "suicidio". En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas el caso evidencia como el gobierno de Nicolás Maduro usa este procedimiento como política de Estado para atemorizar a los ciudadanos.
