El 5 de octubre de 2018, el concejal del municipio Libertador, Fernando Albán, fue detenido en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Tres días después se informó de su "suicidio". En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas el caso evidencia como el gobierno de Nicolás Maduro usa este procedimiento como política de Estado para atemorizar a los ciudadanos.
El entonces ex jefe del Parlamento, Julio Borges viajó con Albán a Nueva York para reunirse con órganos de las Naciones Unidas donde informaron sobre la crisis en Venezuela . Al volver fue detenido en el aeropuerto. Horas más tardes Borges junto a miembros del partido Primero Justicia, familiares y la Iglesia denunciaron que no sabía de su paradero por más de veinticuatro horas.
Abogados y familiares aseguraron que acudieron a varios sitios de detención, pero se les negó información sobre la ubicación e integridad del concejal.
Tres días después, el fiscal designado por la constituyente, Tarek William Saab, informó que Fernando Albán falleció tras, supuestamente, saltar desde la ventana de un décimo piso del edificio del Sebin en Caracas. Tres versiones de los hechos han sido emitidas por altos funcionarios del gobierno desde entonces, todas contradictorias entre sí.
El caso del concejal Albán es un emblema de las desapariciones forzadas que ocurren en Venezuela, una práctica que se ha convertido en una política de Estado y que es una grave violación a los derechos humanos, tipificada en el Estatuto de Roma en su artículo 7 en el que se cataloga como un crimen de lesa humanidad. Distintas organizaciones han denunciado este tipo de prácticas ilegales en distintos foros internacionales de derechos humanos.
Hoy en el marco del día internacional de lucha contra las desapariciones forzadas
Una desaparición forzada se produce cuando una persona es arrestada arbitrariamente por agentes o grupos organizados autorizados por el Estado. Esa detención viene seguida de la falta de información sobre el paradero de la persona a sus abogados y familiares o una negativa por reconocer su privación de libertad. De esta forma se anulan sus garantías ante la ley.
Esto a su vez conlleva a otras violaciones de derechos humanos, como la tortura, la violencia sexual o incluso el asesinato.
Según un trabajo realizado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH UCAB) y Espacio Público, las desapariciones forzadas en Venezuela han aumentado desde 2014 con la llegada del gobierno de Nicolás Maduro.
El informe muestra un patrón de detención hacia jóvenes, periodistas y políticos que expresan de manera pública su descontento contra la gestión del Estado. Naciones Unidas recientemente manifestó su preocupación a esta práctica ilegal y temió que este procedimiento sea empleado como una manera de represión política contra los opositores.
Las detenciones forzadas no están determinadas por un tiempo específico.
El documento de CDH UCAB y Espacio Público señala que existen tres tipos de detenciones forzadas; las de corta duración, que puede tardar horas o días; las ocurridas durante traslados posteriores a la detención inicial, donde una vez detenido en un centro reubican a la persona a otro lugar sin informar al abogado o familiares; y las de larga duración, que son incluso por años pero no se obtienen respuestas del paradero de la víctima.
Este es el caso de Nelson Carpio, un menor de edad venezolano detenido el 17 de noviembre de 2015 en el estado Bolívar mientras manejaba en su bicicleta. Esa fue la última vez que se supo de él.
El informe de la UCAB y Espacio Público subraya que desde el 2014 ha existido un incremento significativo de estos delitos ocurridos en el marco de las protestas sociales generadas en el país en contra de la gestión de Nicolás Maduro.
«En 2015 Provea contabilizó 3 casos, y 19 ocurrieron en 2016. La organización denunció que desde 2000 hasta 2016 se documentaron 188 desapariciones forzadas en el país, las cuales, casi en su totalidad, siguen impunes».
Las desapariciones forzadas no ocurren únicamente en el contexto de protestas sociales. Durante las ejecuciones de la Operación Liberación del Pueblo (OLP), operativo de seguridad creado en 2015 por el gobierno de Nicolás Maduro, se registraron casos de personas que fueron detenidas y cuyo paradero se desconoce, así como de cuerpos que nunca fueron encontrados.
Estos arrestos ilegales marcan un mecanismo de control social a través del terror; la población se abstiene de denunciar este tipo de conductas por temor a represalias y se crea un ambiente de resguardo dentro de la sociedad. De igual forma, el estudio de Espacio Público demuestra que las detenciones forzadas aumentan el índice de inseguridad en la nación.
Silva, camarógrafo de El Venezolano TV, cubría las manifestaciones del Centro Nacional Electoral cuando fue interceptado por el Sebin. La última comunicación del día la mantuvo con su esposa a las cinco de la tarde para informarle que había sido detenido.
Aunque se indicó que Silva se encontraba en la sede del Sebin en Plaza Venezuela, los funcionarios informaron a los familiares que no sabían de su paradero. Fue liberado en la noche del miércoles tras firmar un acta.
El dirigente del partido Volutad Popular se encontraba en la Trinidad, Caracas, cuando fue arrestado por cuerpos del Sebin. Goicoechea estuvo desaparecido por más de dos días y privado de libertad por más de 14 meses.
La arbitrariedad de la detención fue comprobada casi un año después por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, por lo que el Estado le concedió la libertad el 3 de noviembre de 2017.
El director del portal Reporte Confidencial fue detenido por funcionarios del Sebin tras una serie de publicaciones que mostraban el descontento público de la comunidad de Villa Rosa, isla de Margarita, contra la gestión de Nicolás Maduro. Estuvo desaparecido por 36 horas.
A Jatar se le culpó de legitimación de capitales los funcionarios afirmaron haber encontrado, supuestamente, un maletín con dinero en su vehículo -hecho que desmintió su abogado-. El 12 de septiembre, el periodista fue trasladado -sin ninguna información a familiares y abogados- de la sede del Sebin en Porlamar a la cárcel 26 de julio en Guárico. El 24 de mayo de 2017 a Jatar se le concedió casa por cárcel.
El general retirado fue arrestado por el Sebin en su residencia en Prados del Este tras un operativo que se basó en un engaño y sin orden de captura. La familia se dirigió en repetidas ocasiones a la sede del Helicoide en Caracas, pero los funcionarios negaron que el general se encontrase allí.
34 días después la familia de Vivas pudo constatar que seguía con vida y en el Helicoide, luego que una de sus hijas pidiera una fe de vida el 25 de abril de 2017. El general estuvo detenido hasta el 1 de junio de 2018 y tuvo que ser operado de urgencia a raíz de las severas lesiones sufridas durante su detención.
El grupo fue interceptado por el Conas mientras manejaban en El Vigía, Mérida. Familiares de las víctimas han denunciado que la última información obtenida por testigos fue que los jóvenes seguían con vida en la hacienda Onia (sede del Conas) de la misma ciudad entre el mes de noviembre y diciembre de 2015. Hasta la redacción de este artículo, no se sabe del paradero del grupo.
Las Organizaciones No Gubernamentales de derechos humanos hacen hincapié en que se debe respetar el artículo 45 de la Constitución venezolana que establece que la autoridad pública, aun en estado de emergencia, tiene prohibida la tolerancia de desapariciones forzadas de personas. El funcionario que reciba orden de algún superior para ejercer su práctica, debe denunciar inmediatamente a las autoridades competentes.
El gobierno debe cesar inmediatamente estas prácticas puesto que atentan contra la imagen de las instituciones legales y la protección de los derechos humanos, así como respetar la libertad de prensa y la manifestación pacífica de grupos sociales. Asimismo se debe impedir la creación de centros de detención clandestinos e ilegales y reconocer e informar la privación de libertad de los detenidos a abogados y familiares.
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