Dos estudiantes detenidos de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Upel), Kenny Colmenares y Mitchell Sosa, están siendo trasladados este miércoles dese el Centro Penitenciario 16 de Julio (Guárico) hacia la Casa Amarila para sus eventuales excarcelaciones.
Eleazar Medina, abogado de los detenidos, confirmó a periodistas el traslado de estos estudiantes, apresados desde junio de 2017 tras el asalto de la sede de la Upel en la céntrica ciudad de Maracay por policías y militares que reprimían una manifestación contra Nicolás Maduro,
Otros dos estudiantes de la Upel detenidos, Boris Quiñones y Alex González, también estarían siendo trasladados desde la cárcel de Tocuyito (Carabobo) hacia la Casa Amarilla.
Estas posibles excarcelaciones se conocen antes de que el fiscal general designado por la constituyente chavista, Tarek William Saab anunciara nuevos beneficios procesales a presos políticos.
Estas excarcelaciones son impulsadas por Maduro desde principios de mes como parte de una política de «reconciliación nacional» tras su reelección presidencial el 20 de mayo, rechazada por parte de la comunidad internacional.
El Consejo Universitario del Pedagógico Experimental Libertador, manifestó a través de un comunicado, su rechazo ante el trato que reciben más de 3000 venezolanos en medio de la pandemia de coronavirus. Expresaron solidaridad y apoyo a favor de los connacionales y manifestaron su acuerdo en la manera en que estarían siendo sometidos a cuarentena
Según la secretaria de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), Nilva Liuval Moreno de Tovar la deserción de estudiantes de la casa de estudios es de 38,01% desde el año 2016 hasta el actual.
Una treintena de docentes del estado Táchira están siendo investigados actualmente por la Fiscalía, a instancias del Ministerio de Educación, por supuestamente haber participado en las protestas que se generaron en el municipio Uribante, al sur de la entidad, en los días previos a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Los maestros denunciaron que desde el mes de agosto, les fueron suspendidos sus sueldos y de resultar positiva su presunta intervención en esos hechos, podrían ser destituidos o inhabilitados para educar.
