Reverol subrayó que el Ministerio Público (MP) en conjunto con el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) dirige las investigaciones y recalcó que hasta ahora no hay información de que funcionarios de la Guardia Nacional estén implicados en el hecho».
Aseguró que entre los detenidos se encuentra el responsable de la detonación, un joven de 16 años de edad, quien admitió la culpa e involucró a otro menor como la persona que le entregó la bomba.
«El adolescente indicó que él manipulo el artifico lacrimógeno y se le activó, e involucró a otro que actualmente lo estamos solicitando», expresó Reverol; sin embargo, el ministro aclaró que el fallecimiento de las personas ocurrió producto de «la estampida de 500 personas que se encontraban en un lugar que no contaba con suficientes vías de evacuación».
Apuntó que como parte de las medidas tomadas se ordenó el cierre del establecimiento «de acuerdo a lo establecido en la Ley para el Desarme», y aseguró el local donde se efectuó la fiesta de pregrado de varias instituciones educativas, «no cumplía con las condiciones mínimas de seguridad».
Tras la tragedia ocurrida, surgió una versión que involucraba a tres funcionarios de seguridad del Estado, que tomó fuerza a partir de testimonios de algunos sobrevivientes. Presuntamente los guardias habrían estado en la entrada de recinto y habrían faltado en auxiliar a los graduandos.
“Si la GNB participó existen tres elementos jurídicos a analizar. Ellos son homicidio culposo (negligencia), dolo eventual (culpa que puede llegar al extremo de intencionalidad) y homicidio intencional”, explicó el criminólogo Luis Izquiel a El Estímulo.
El caso Los Cotorro se produjo en la madrugada del sábado 16 de junio, cuando un adolescente decidió estallar una bomba lacrimógena en plena fiesta de graduación de bachilleres a la que concurrieron más de 500 personas, en un club nocturno del oeste de Caracas.
Con información de AVN