"Gobierno comete delitos de lesa humanidad en caso de agentes de Polichacao"

Ambos, detenidos en enero 2016, tienen boleta de excarcelación desde el 8 de agosto de 2016 y posteriormente, la cual fue ratificada el 3 de enero de 2017, según denuncian familiares y abogados que señalan además al exministro para Relaciones Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López, como el responsable de mantenerlos presos ilegalmente.
En junio de ese año, el para entonces ministro de Interior, Justicia y Paz González López, señaló a los funcionarios como “autores materiales”. Sin embargo, en diciembre de ese año el Tribunal Séptimo de Control del Área Metropolitana emitió una boleta de excarcelación para los 14 funcionarios que estaban privados de libertad en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), institución de la cual el exministro es director.
Esta decisión se produce ante el hecho de que el Ministerio Público nunca presentó pruebas de los delitos por presunta participación como facilitadores en el homicidio calificado con alevosía y agavillamiento. El 23 de diciembre de 2017, en el marco de un proceso de excarcelaciones que efectuó el gobierno por un diálogo que mantenía con la oposición, doce de los funcionarios fueron excarcelados quedando Mavares y Andrade aún detenidos.
Los dos polichacao participaron además en los motines que se realizaron en la sede del Sebin el 16 de mayo y luego, el 9 de julio. El 11 de ese mes fueron trasladados a la cárcel 26 de julio, una decisión que para sus familiares constituye un “par de factura” por parte de las autoridades de la policía política.
Andrea Santacruz, abogada del caso, explica que los funcionarios no tenían orden de traslado, lo que constituye un delito previsto en el artículo 179 del Código Penal, en el que tendría responsabilidad el director del penal 26 de julio. Por lo tanto, la defensa de Andrade y Mavares ponen su énfasis en la Juez Séptima de Control, Luisa Andreína Romero Campos, para que ratifique la boleta de excarcelación tal y como se le solicitó el 16 de julio.
“Estamos pidiendo justicia”, señala Santacruz al tiempo que agrega que ya Gonzalez López no es un obstáculo para la liberación de los funcionarios. El despacho del Tribunal ha sido intermitente y no se ha pronunciado por este caso.
Asimismo, resaltaron que Mavares y Andrade son policías y están recluidos en una cárcel común que no tiene áreas para funcionarios por lo que sus abogados y familiares temen por la vida de los funcionarios. Por lo tanto, Santacruz recuerda que en este caso, el Estado podría estar incurriendo en delitos de lesa de humanidad.
La abogada señaló que están evaluando un Amparo Constitucional si se mantiene la omisión por parte del Tribunal. En el plano internacional, Santacruz informó que ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está al tanto del caso y de las violaciones al debido proceso en las que ha incurrido el Estado; como también el hecho de que los funcionarios tienen siete meses sin derecho a la defensa pues se les ha impedido ver a sus abogados.]]>