Ante la sede de la Defensoría del Pueblo, acudieron dirigentes regionales de Primero Justicia en Táchira, parlamentarios y electores del circuito 4, lugar donde fue electo diputado Juan Requesens, a consignar un escrito donde piden al organismo venezolano la defensa de los derechos del parlamentario
Con pancartas y consignas, dirigentes políticos y sociedad civil llegaron el 12 de septiembre hasta la sede de la Defensoría del Pueblo en San Cristóbal, a entregar un documento en donde se exige que el organismo solicite la designación de un fiscal con competencia en derechos fundamentales, para que se traslade a la sede del Sebín – El Helicoide, y constate el estado en el que se encuentra el diputado Requesens.
El documento entregado al organismo del Estado pide conocer el estado del parlamentario que fue “secuestrado hace 36 días, y permanece aislado e incomunicado”.
Homero Ruíz, dirigente regional de Primero Justicia (PJ) y la diputada al Parlamento Karim Vera, recordaron que el manejo del caso del diputado Juan Requesens ha sido violatorio de la Constitución nacional y de las leyes vigentes en el país, así como de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, además de violarse el derecho de los electores de la Zona Sur del Táchira, quienes escogieron a su representante ante el parlamento a través del voto, y éste fue despojado de su inmunidad parlamentaria con un proceso viciado.
En el escrito consignado además se exige a la Defensoría del Pueblo –como parte de sus competencias- que sirva de mediador para que se permita al parlamentario Juan Requesens ser visto por sus abogados y por sus familiares, ya que se le impide comunicarse con ellos desde hace más de un mes.
También solicitaron una vez más que sea puesto en libertad de inmediato, porque aseguraron que es inocente de todos los cargos que el gobierno pretende imputarle, y se le permita incorporarse a sus funciones de parlamentario.
Los jóvenes que acompañaron la entrega del documento, también llamaron la atención de conductores y peatones al apostarse en la séptima avenida de San Cristóbal con pancartas exigiendo la libertad plena del diputado del Táchira y exhortando al pueblo a no rendirse ante los embates del Gobierno nacional y frente a la crisis que atraviesa Venezuela.
Dos menores de 17 años recibieron sentencias de diez años de cárcel "por su responsabilidad en el abuso sexual cometido en contra de un joven de 14 años", en tanto otro dos de 17 y de 16 deberán cumplir pena de ocho años por "su cooperación" en ese delito, según el Ministerio Público. Los cuatro condenados, así como la víctima, eran alumnos del centro
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