El director del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, se pronunció este 24 de septiembre luego de que este domingo el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, lo relacionara con las últimas detenciones realizadas en el país en torno al caso del "atentado" contra Nicolás Maduro y aseveró que su deber es proteger a los presos políticos.
De igual forma, destacó que la responsabilidad “de todo gobierno que se considere democrático es la de resguardar a los defensores de derechos humanos”.
Manifestó que desde esa ONG se defiende el derecho a la presunción de inocencia con mayor ahínco debido que la práctica gubernamental ha sido la de condenar públicamente a aquellas que se les niega el derecho a la defensa. Tanto él como el también director de esa organización, Gonzalo Himiob, han hecho hincapié en que no se prestan para «hacerle el juego a factores políticos».
Himiob resaltó que el propio Ejecutivo les ha pedido «continuamente» la lista que maneja Foro Penal sobre las detenciones.
El abogado y profesor universitario indicó que «jamás atendemos casos sin que un familiar nos lo haya solicitado» y sostienen defender la información que sacaron horas antes de los anuncios que realizó Jorge Rodríguez.
Los familiares de Ángela Expósito les comunicaron sobre su detención “y eso fue lo que informamos. Luego, nos enteramos del contexto que informó el ministro. Hasta este momento, no hemos tenido comunicación con ella (Expósito) y su familia desconoce su paradero”, indicaron.
Foro Penal aseguró que continuarán cumpliendo su función en la defensa de los derechos humanos aunque están conscientes de los riesgos que esto pueda acarrear.
Según la ONG Foro Penal, actualmente existen 236 presos políticos. De ese número, 35 son mujeres; tres son adolescentes y 71 son militares. Dos tienen boleta de excarcelación, tan solo 27 personas están condenadas.
Durante el transcurso del 2018, 454 personas han sido detenidas. De este número, cien son mujeres. 12.400 detenciones se han producido desde 2014. Mientras que 810 civiles han pasado por tribunales militares desde 2017. Hasta el momento, más de siete mil personas permanecen con medidas cautelares.
La organización no gubernamental informó que están transcurriendo los 45 días de investigación para los detenidos por los hechos del 4 de agosto.
Por otra parte, en relación con lo que está ocurriendo con el diputado Juan Requesens, tampoco los abogados de Foro Penal no han podido tener acceso a sus defendidos que se encuentran recluidos en la sede la Dirección General Contrainteligencia Militar (Dgcim). Sin embargo, los familiares de los detenido sí han tenido contacto con ellos, confirman además que no han podido tener acceso al expediente.
Se trata de una iniciativa del recién creado Centro Europeo de la Migración Venezolana que trata de dar su aporte para generar políticas públicas. Aquí el link para participar
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