Durante un acto celebrado en el estado Bolívar el 13 de octubre, Velásquez también reprochó el crimen cometido contra el concejal Fernando Albán y por el destierro al que fue sometido el preso político Lorent Saleh, por lo que la actividad -que tenía como principal objetivo recordar las acciones ante el CNE por el «robo» de elecciones en la entidad- tomó un carácter de «protesta contra la tortura» y el «asesinato político».
Reiteró el llamado a convocar a una huelga nacional «que signifique un punto de inflexión» para lograr un cambio en la actual administración del país.
Señaló que la protesta que llevan a cabo los indios pemones al sur de la entidad -que impiden el paso vehicular a la frontera con Brasil- tiene que ver con el Arco Minero, ya que los mismos han sido «desplazados» por quienes extraen los minerales del suelo. Alertó que hay pueblos indígenas pasando hambre porque la zona «está en manos de pranes y de militares corruptos».
Por su parte, el exalcalde del municipio Iribarren del estado Lara Alfredo Ramos, dijo que con la muerte de Albán «se le ha visto el verdadero rostro a Maduro» porque calificó el hecho de «asesinato político» y dijo que eso no puede ser borrado a pesar de que hayan tomado «medidas de última hora» como el envío a España de Lorent Saleh, quien estaba preso en el Sebin desde 2014.
Manifestó alegrarse por lo ocurrido con Saleh, aunque aseveró que fue la presión nacional e internacional ocurrida tras el deceso del concejal metropolitano en la sede de la Policía Política el 8 de octubre que propició eso.
Insistió en la necesidad de que las fuerzas de la oposición se agrupen para organizar protestas en la calle y defender la democracia. Además, dijo no creer en un diálogo «para legitimizar la dictadura».
Entretanto, el diputado a la Asamblea Nacional Juan Pablo Guanipa, rechazó la versión del Gobierno del «suicidio» de Fernando Albán y expresó que esa es la posición de los Gobiernos en dictadura porque «a ellos se les suicida». Acusó que Albán fue lanzado «inerte» desde el piso 10 del edificio del Sebin.
En ese sentido, preguntó al Ejecutivo si lo que quería era la paz del sepulcro.
En torno al caso de Lorent Saleh, Guanipa advirtió que es la estratagema del Gobierno en manejar a los presos políticos como rehenes y los liberan «para bajar las aguas». Además, recordó que el artículo 50 de la Constitución prohíbe el destierro.