Miembros de la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) insistieron este jueves 18 de octubre en la necesidad de una investigación independiente por la muerte del concejal Fernando Albán, quien según la Fiscalía se suicidó al caer del décimo piso del edificio policial en el que estaba detenidoUn miembro de Provea, Marino Alvarado, dijo a periodistas que han venido «planteando la necesidad de un organismo internacional» para determinar los hechos en torno a la muerte de Albán, ocurrida el pasado 8 de octubre.«Es muy probable que Fernando Albán haya sido torturado y asesinado en la sede del (Servicio Bolivariano de Inteligencia) Sebin», donde estaba recluido, recalcó.
Según dijo, la muerte de Albán ratifica «cosas que han venido pasando en los recintos carcelarios. Antes de la muerte (de Albán) hubo dos protestas (…) de presos políticos en el Sebin y la denuncia era que se practicaba la tortura así que es muy probable que fuera torturado», insistió.
Albán fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía cuando regresaba a Venezuela procedente de Estados Unidos, y se le acusaba de estar supuestamente implicado en el presunto atentado fallido al jefe de Estado, Nicolás Maduro, el pasado 4 de agosto.
Según las declaraciones del fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, Albán se lanzó desde el décimo piso del Sebin cuando iba a ser trasladado a tribunales. Sin embargo, el partido del concejal, Primero Justicia (PJ), en el que milita el dos veces candidato a la Presidencia Henrique Capriles, aseguró que el político fue «asesinado en manos del régimen de Nicolás Maduro» y exigió «la verdad» de lo ocurrido.
Alvarado dijo que las «torturas» no solo se dan en el Sebin. «Sabemos que en la Dirección de Contraintelincia Militar (Dgcim) se ha venido denunciando la práctica de ponerles (a los detenidos) bolsas en la cabeza, enterrar alfileres bajo las uñas, uso de electricidad», denunció.
También aseguró que la Fuerza de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana «se ha convertido en un grupo de exterminio» que, aseguró, «realiza masacres todas las semanas (…) con el silencio de la Defensoría del Pueblo y la complicidad de la Fiscalía».
El representante de la ONG aseguró que la represión se ha venido extendiendo «particularmente contra el movimiento sindical».
