En embajadas, fuera del país y sin sueldo: así están los diputados de la Asamblea Nacional

Un año cumple el diputado Freddy Guevara viviendo en la embajada de Chile en condición de huésped, luego que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Sala Plena, emitiera una sentencia denominada “Sentencia Guevara” en la que ordenaba el enjuiciamiento del entonces primer vicepresidente de la Asamblea Nacional responsabilizándolo por los hechos de violencia acaecidos entre los meses de abril y julio de 2017.
Eso ocurrió el 3 de noviembre de 2017. Al día siguiente, el parlamentario entró a la embajada chilena y dos días después, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), asumiendo una función que no le competía, aprobó este enjuiciamiento y le levantó la inmunidad parlamentaria. Una acción que pareciera, por lo menos a lo interno, no haberle significado un costo político alto al gobierno ya que, de hecho, la ANC ha continuado ejecutando decisiones de este tipo contra diputados opositores.
En este año como “huésped”, el diputado Guevara, que por cierto fue el que más votado en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, ha tenido que “bajar el perfil” público puesto que su condición le exige ciertas restricciones. Guevara no puede declarar a los medios de comunicación, por ejemplo.
Sin embargo, sí puede recibir visitas de familiares y amigos hasta las 5:30pm. La embajada asume, al otorgarle esta condición, ciertos gastos básicos ya que Guevara no puede salir de la residencia. Sin embargo, productos de higiene personal las paga él. No solo asume los gastos de Guevara, también los del dirigente copeyano Roberto Enríquez quien comparte paredes con el diputado por Voluntad Popular.
El día a día como huésped de una embajada no dista mucho de estar en una prisión. Claro que las condiciones son diametralmente distintas. Leer, hacer ejercicio, ver la televisión son algunas de las cosas que hace el diputado para pasar el día. Quienes han podido verlo, relatan que está mucho más delgado y que sigue muy de cerca lo que ocurre a escasos metros de donde está. A una puerta de separación.
El caso Guevara sí le ha implicado al gobierno el tener que cambiar su “modus operandi” contra los opositores. El que su caso pasara primero por el TSJ le dio un margen de maniobra al parlamentario. No así al diputado Juan Requesens a quien primero detuvieron.
Los ataques a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, iniciaron incluso antes de que los diputados electos asumieran. En diciembre de 2015, la Sala Electoral del TSJ impidió que los diputados de Amazonas asumieran su curul quitándole las dos terceras partes que había sacado la oposición. Hasta el día de hoy, Amazonas no cuenta con representación en la Asamblea producto de una polémica decisión.
Al comienzo, la forma de neutralizar al Poder más representativo del país era a través de sentencias. Se contabilizan, al menos, 70 sentencias que impiden la tarea legislativa y contralora del Parlamento. Entre ellas, las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional que fueron calificadas por los opositores como un golpe al Parlamento en marzo de 2017 y que derivaron en cuatro meses de intensas protestas con un saldo de cien muertos y miles de heridos.
Y esto es solo la punta del iceberg. La Comisión de Política Interior de la Asamblea registra que 50 diputados tienen casos abiertos ante la Unión Interparlamentaria Mundial, por denuncias de golpizas, amenazas y acoso. La organización no gubernamental Acceso a la Justicia señala que el TSJ ha emitido79 sentencias contra el Parlamento desde 2015, de las cuales, siete son contra diputados.
Seis diputados principales y cinco suplentes tienen expedientes judiciales abiertos, así como también cinco parlamentarios tienen sus pasaportes anulados, según refiere la diputada Adriana Pichardo a la que por cierto, le fue allanada su casa hace dos semanas sin orden de un Tribunal.
Desde la Asamblea se contabilizan 170 ataques que van desde las sentencias hasta agresiones físicas contra diputados y contra las instalaciones del Parlamento. Cinco diputados han sido o fueron detenidos. Hay que recordar que Renzo Prieto, Gilberto Sojo y Rosmit Mantilla fueron electos mientras estaban en prisión. Las salidas de éstos no se produjo por la elección sino por acuerdos políticos.
Gilber Caro fue detenido violándose su inmunidad parlamentaria pues ya estaba juramentado. Pasó 18 meses en distintas cárceles comunes. Hasta ese momento, se hablaba, incluso en sentencias del TSJ, de diputados suplentes aunque la Constitución no hace distinciones en cuanto a las prerrogativas de estos funcionarios.
Después se escaló. El TSJ ha condenado a cuatro diputados principales: Freddy Guevara, Julio Borges, Juan Requesens y Germán Ferrer.
Otra modalidad fueron los ataques por parte de seguidores del oficialismo a la sede del Palacio Federal llegando incluso a entrar por la fuerza y dañar bienes patrimonio de Venezuela. Esto ocurrió en, al menos ocho oportunidades, siendo el del 5 de julio de 2017, el más grave. Ese día en el que se realizaba una sesión especial con motivo del Día de la Independencia, 12 personas resultaron heridas. Ente ellos, el diputado Américo De Grazia quien convulsionó producto de los golpes que recibió. Por su parte, el diputado Armando Armas fue lesionado gravemente en la cabeza. Periodistas presentes en la Asamblea también fueron agredidos y robados.
A los golpes y denuncias en instancias judiciales se suma el hecho de que los diputados opositores no reciben el sueldo que les corresponde por Ley, desde hace dos años. También se ha visto afectado el presupuesto de la Asamblea lo que ha dificultado el mantenimiento de las instalaciones.
Este compendio de hechos imposibilita el normal desarrollo de las instituciones del país y el contrapeso que establece nuestra Carta Magna. El oficialismo ha cobrado con creces haber perdido la mayoría que ostentó por 15 años en el Parlamento.
A esta Asamblea de mayoría opositora y reconocida internacionalmente como un Poder legítimo, aún le quedan dos años lo que pone a la oposición en una carrera contra el tiempo. El gobierno por su parte, mantiene el ataque verbal y judicial contra los diputados que quedan “en pie”.
-Hablemos de números-
Desde el Poder Ejecutivo: Se registran 90 ataques a la Asamblea Nacional en lo que se refiere a:
– Inmunidad Parlamentaria: 49 violaciones.
– Funciones Legislativas de la Asamblea Nacional: 18.
– Funciones Presupuestarias: 4.
– Funciones Autorizatorias: Al menos 12.
– Funciones Contraloras: 3.
– Presupuesto del Parlamento: Al menos 4 veces.
– Otros: 4.
Desde el Poder Judicial: La Asamblea contabilizan al menos, 71 ataques desconocimientos al Parlamento en lo que respecta a:
– Inmunidad Parlamentaria: 6 violaciones.
– Funciones de la Asamblea Nacional: 65.
Desde el Poder Ciudadano: Seis ataques.
– La Contraloría General de la República ha violado las funciones del Parlamento en tres oportunidades y ha inhabilitado a tres diputados: Adriana D ́elia, Luis Lippa y Germán Ferrer. A D´elia y Lippa se les dictó la medida, en el momento que se iban a postular a las candidaturas por las gobernaciones mientras que a Ferrer se le inhabilitó debido a su relación con la Fiscal General destituída por la ANC, Luisa Ortega Díaz, quien en 2017 decidió declarar su postura contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Desde la ANC: esta instancia ha venido funcionando como un Parlamento paralelo durante todo un año, asumiendo funciones que la Constitución le atribuye a la Asamblea Nacional.
Ataques por afectos al oficialismo: Al menos ocho veces los diputados han sido agredidos por estos grupos, dentro o fuera del Parlamento.
-Parlamentarios en el exilio-
Aquel dicho que reza “cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo” lo han aplicado varios parlamentarios luego de lo ocurrido con Freddy Guevara. El tiempo parece haberles dado la razón al ver la situación del diputado Juan Requesens quien lleva más de 50 días detenido en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). Algunos más públicos y “comunicacionalmente activos” que otros, lo cierto es que muchos diputados han abandonado el país por miedo a ser detenidos. La mayoría pertenecen a los partidos más perseguidos por el gobierno; Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP). Entre ellos están:
-Julio Borges (PJ).
-Tomás Guanipa (PJ).
-José Manuel Olivares (PJ).
-Adriana D´elia (PJ).
-Milagros Valero (PJ).
-Rachid Yasbek (PJ).
-Gaby Arellano (VP).
-Ismael García (VP).
-Sonia Medina (VP).
-Rosmit Mantilla (VP).
-Armando Armas (VP).
-Gemán Ferrer (Psuv).]]>