Venezuela

Expertos califican de "nula" sentencia del TSJ sobre elecciones de la FCU-UC

La sentencia emanada del Tribunal Supremo de Justicia el martes 27 de noviembre de 2018, y en la cual -entre otros aspectos- se ordena a las autoridades de la Universidad de Carabobo (UC) que garanticen a la bachiller Jessica Bello, candidata del oficialismo, la asunción en las funciones de presidenta de la Federación de Centros de Estudiantes (FCU) de esa institución, es nula y carece de validez, aseguraron varios especialistas en materia constitucional consultados por El Estímulo.

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Foto: @UCarabobo/Archivo

Con esta decisión quedaría sin efecto la proclamación como presidente de la FCU-UC de Bárbula del bachiller Marlon Díaz, representante de grupos de oposición en la UC, efectuada por la comisión electoral que recibió el respaldo del Consejo Universitario de esa casa de educación superior la semana pasada.
Se trata de la sentencia número 102, expediente 2018-000059, de acción autónoma de amparo a favor de Jessica Bello Barreto. La misma fue emanada desde la Sala Electoral del TSJ, a cargo de la magistrada Indira Maira Alfonzo Izaguirre.
Entre otros aspectos, la sentencia ordena a las autoridades de la UC “realizar todas las actuaciones necesarias y pertinentes con el fin de garantizar la posesión efectiva del cargo y el ejercicio inmediato de las funciones de la ciudadana Jessica Bello Barreto (…)”.

El profesor de la Universidad Central de Venezuela, José Vicente Haro,  abogado con postgrados en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Ciencia Política, además de defensor de los Derechos Humanos, subrayó que la sentencia viola los derechos humanos de carácter universitarios y es inconstitucional.
Haro señala que se vulnera lo consagrado en el artículo 109 de la Constitución de Venezuela que refiere: “El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a los profesores, profesoras, estudiantes, estudiantas, egresados y egresadas de su comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la Nación. Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley. Se consagra la autonomía universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión. Se establece la inviolabilidad del recinto universitario. Las universidades nacionales experimentales alcanzarán su autonomía de conformidad con la ley”.

En este sentido, Haro recalcó que no tiene atribución jurídica alguna el Tribunal Supremo de Justicia ni otro tribunal del país “para intervenir en el proceso interno de elecciones de la Federación de Centros Universitarios, tal como lo consagra el artículo 109 de la Constitución”.
Adicionalmente sostiene que también con la medida se viola lo establecido en el Protocolo de San Salvador que rige los derechos educativos y universitarios. El protocolo fue suscrito por Venezuela y es una extensión de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos.  
De igual forma el profesor Haro señaló que a mediados de 2018 hubo una sesión especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que se debatió sobre los problemas de las universidades venezolanas, la intervención del Estado en ellas, entre otros aspectos.
Haro indicó que basándose en el artículo 25 de la carta magna venezolana, la referida sentencia del TSJ es nula y carece de validez. “Es como si no existiera en la realidad”.
Refirió que el artículo 25 de la Constitución reza: “Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores”.

Respecto al nombramiento de la bachiller Bello en el cargo de presidenta de la FCU-UC del núcleo Bárbula en Carabobo, Haro recordó lo establecido en el artículo 138 de la Constitución que afirma lo siguiente: “Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”.   
La ex presidenta del Colegio de Abogados de Carabobo, Adelba Taffin, explicó que a su parecer la sentencia en cuestión demuestra dos elementos que calificó como graves.
“Lo ocurrido evidencia la utilización del sistema de justicia venezolano como herramienta para tomar decisiones políticas o auspiciar  y convalidar decisiones políticas, violando derechos humanos de los ciudadanos. Además deja claro el avance en el proceso de vulneración de la autonomía universitaria que se ha venido materializando a través de los años pero que ahora buscan concretar definitivamente, especialmente en lo que se refiere a la Universidad de Carabobo”, aseguró Taffin.

Asimismo señala que el TSJ se va al fondo, toma una decisión que no es la adecuada en un procedimiento de amparo como el que se interpuso y además  viola el derecho a la defensa.
“No hubo audiencia preliminar, no hubo pruebas, no se permitió que se ejerciera el derecho a la defensa que viola el debido proceso garantizado por la Constitución”, agregó Taffin.

Entre tanto el vicerrector Académico de la UC, profesor Ulises Rojas, refirió que la sentencia no se puede ejecutar porque las autoridades de esa universidad no tienen competencia en las decisiones de la Comisión Electoral Estudiantil que escoge al cogobierno universitario.
“En Aragua, en el Núcleo de La Morita y en el Hospital Central de Maracay, también hubo elecciones estudiantiles de la UC y allí no ocurrieron problemas con los grupos armados como los que entraron en Bárbula, se realizaron con normalidad. En Maracay la plancha 87, de oposición, también ganó (…) la relación se mantuvo, una relación de cuatro votos contra uno, tal como pasó en Valencia (…) Hubo un apoyo a Marlon Díaz y a Daniela Tirado en Aragua”, destacó Ulises Rojas quien estaba en un acto en el núcleo de Aragua de la UC, cuando fue consultado por El Estímulo.
Rojas destacó que no comprendían por qué buscan desconocer lo que fue evidente el día de las elecciones y es que Marlon Díaz y los candidatos que los acompañaron recibieron un respaldo importante de la comunidad estudiantil de la UC.

Otras reacciones

Los integrantes de la llamada Unidad Estudiantil en la UC, integrantes de movimientos de oposición, se reunieron frente al Arco de Bárbula en el campus del mismo nombre en el municipio Naguanagua. Desde allí ofreció sus declaraciones el bachiller Marlon Díaz, que fue proclamado como presidente de la FCU-UC por la comisión electoral universitaria la semana pasada.
Díaz señaló que desde antes del 14 de noviembre, día de las elecciones en la UC, venían recibiendo amenazas por parte del gobierno  que a su parecer quiere atacar es a la universidad venezolana.
“Hoy se han declarado enemigos de la universidad, enemigos de la autonomía. Pero aquí estamos los estudiantes resteados y firmes porque a través de una sentencia, que no posee ningún tipo de sustento legal, no van a coartar el derecho estudiantil de elegir a sus representantes”, indicó Díaz.

Por su parte, la rectora de la UC, Jessy Divo de Romero, informó que los abogados de la Consultoría Jurídica de la institución, viajaron a Caracas para conocer los términos del amparo introducido sobre los resultados de las elecciones estudiantiles del 14 de noviembre.
“Al igual que el resto de las personas, las autoridades nos enteramos por medio de las redes sociales “, sostuvo Divo de Romero que además informó que durante la noche del martes y la mañana de este miércoles la página del Tribunal Supremo de Justicia no permitía el acceso al documento completo de la Sala Electoral.
La rectora convocó a la comunidad universitaria a participar en un Consejo Universitario Ampliado este viernes 30 de noviembre en el patio del Rectorado de la UC en la avenida Bolívar de Valencia.

Notificados

En la sentencia del TSJ también se ordenó “remitir copia certificada del presente fallo a la Fiscalía General de la República, a los fines de iniciar la investigación acerca de la presunta comisión de delitos cometidos en el proceso electoral de representantes estudiantiles en la Federación de Centros Universitarios realizado el 14 de noviembre de 2018 en la Universidad de Carabobo, así como notificar del presente fallo a la Procuraduría General de la República, al Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, al Consejo Nacional de Universidades, y a las autoridades académicas de la Universidad de Carabobo”.
El Estímulo buscó conocer la opinión de Bello Barreto sobre lo sucedido pero no fue posible la comunicación con la bachiller.]]>

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