El comisionado Joel Hernández formuló la solicitud durante una audiencia sobre Venezuela en el marco del 170 periodo de sesiones del CIDH, que se celebra esta semana en Washington.
Meudy Osio, viuda de Albán, denunció en la audiencia «irregularidades» en la investigación sobre la muerte de su marido en la sede del Sebin, donde estaba detenido acusado de haber participado en un atentado contra el presidente, Nicolás Maduro.
La Fiscalía venezolana asegura que Albán «se suicidó» al tirarse por una ventana del Sebin, pero su familia sostiene que fue asesinado por las autoridades en represalia por su participación en la Asamblea General de la ONU celebrada en Nueva York en septiembre.
«La detención arbitraria de Fernando fue resultado de sus reuniones en Naciones Unidas y Nueva York. Su desaparición forzada, custodia y muerte en el Sebin está inmersa en una cantidad de irregularidades. A casi dos meses de su muerte, no sabemos qué paso», dijo su viuda.
«Pedimos que el Estado le traslade aquí a EE.UU. para que le demos sepultura y que haya una comisión independiente para averiguar qué ocurrió en el Sebin», insistió Osio.
Los responsables de la Comisión recogieron esa petición y se la trasladaron directamente durante la audiencia al Estado.
El comisionado Joel Hernández consideró que tanto la viuda como la familia tienen «el derecho a conocer la verdad, a conocer cuáles son las circunstancias en las que perdió la vida» el concejal.
«Tienen el derecho a contar con los restos de su esposo, le trasladamos al Estado esa petición para que sea atendida por razones humanitarias», añadió
En representación del Estado, el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Venezuela, Larry Devoe Márquez, aseguró que trasladará la petición a su gobierno, pero insistió en que ya se hizo «un conjunto importante de diligencias que conformaron el lamentable suicidio».
Por otro lado, Hernández volvió a solicitar al Estado Venezolano que permita la entrada de la CIDH al país.
La CIDH lleva siete años pidiendo permiso a Venezuela para ir a su territorio, pero el Ejecutivo se niega, aunque ahora está gestionando una visita con la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Con información de EFE