Una operación destinada a acabar con la minería ilegal en el estado Bolívar acabó con la muerte de un indígena. La acción ocurrida el sábado en el parque nacional Canaima, en la que miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) fueron responsables del ataque en el que varios pemones fueron heridos, derivó en una protesta este domingo en Santa Elena de Uairén e Ikabarú.
El diputado Américo De Grazia confirmó la situación a detallar que los capitanes indígenas se pusieron de acuerdo para boicotear y suspender las elecciones en las parroquias mencionadas, hecho en el que, hasta el momento, no ha habido intervención por parte de los cuerpos de seguridad.
“El Plan República verá cómo hace, si reprime o convierte este en otro hecho de sangre como ya ocurrió en Canaima”, dijo.
El sábado, la ejecución de los miembros de la Dgcim estuvo orquesta por Alexander Granko Arteaga, manifestó el parlamentario, “a quien dieron a tarea de supuestamente silenciarme”.
Sus palabras, como lo ha repetido en varias oportunidades, están ligadas a las amenazas por parte del gobierno tras sus constantes denuncias sobre la minería ilegal en la entidad y en la que desde Miraflores lo atan a la actividad ilícita.
Según De Grazia, el funcionario también está detrás de la presunta persecución contra el candidato a la gobernación Andrés Velásquez.
Asimismo, el diputado hizo mención de un video en el que un concejal tupamaro de la Gran Sabana lo responsabilizó de comandar la operación en Canaima que terminó en la muerte de Carlos Peñaloza, pemón que se encontraba en el lugar al momento del ataque del cuerpo de seguridad y donde su hermano, Charles, está herido de gravedad.
Granko Artega, reclamó De Grazia, llegó a la región a bordo de la misma avioneta usada en noviembre de 2015 por Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la primera ama, Cilia Flores, para trasladar 800 kilos de cocaína desde Haití hasta Estados Unidos.
Lo ocurrido este domingo, recordó, “es una medida de presión para llamar la atención por lo ocurrido, algo que ellos califican como una masacre pese a que solo hubo un muerto” en El Arenal, zona ubicada a solo media hora en canoa del Salto Ángel.
Sobre la minería ilegal en la entidad, el parlamentario expresó que la actividad “ha sido sembrada y promovida por el Estado venezolano”.
Horas después, Socorro Hernández, rectora del Consejo Nacional Electoral, confirmó la suspensión de la jornada en las zonas de Bolívar donde ocurrió la protesta. Asimismo, señaló que en la fecha se estudiará la nueva fecha para el desarrollo de los comicios.
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