El presidente de la Fundación Manos Amigas por la Vida (Mavid), Eduardo Franco, negó este martes que en esa instancia se vendan medicamentos para personas con Virus de Inmunodeficiencia en Humanos (VIH), desmintiendo así la versión del director nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico.
Franco dijo a Unión Radio Valencia que Mavid cuenta con el apoyo de organismos nacionales e internacionales que dan fe de la trayectoria de la organización, la cual ha buscado defender desde hace 16 años los derechos de quienes viven con VIH en Carabobo.
“El allanamiento ilegal a la sede, las falsas acusaciones, la detención momentánea y arbitraria de los miembros de la junta directiva y defensores de los derechos humanos (…) se produce como represalia al trabajo de incidencia pública que viene realizando la Fundación Mavid para visibilizar la grave emergencia humanitaria compleja que vive el país”, aseveró.
En el mismo sentido, el abogado Carlos Granadillo, que lleva la defensa del caso, sostuvo que los medicamentos no se venden en la Fundación Mavid, pero que aún así se los llevó el Cicpc.
El viernes 15 de febrero, funcionarios de la policía científica allanaron la sede de esta ONG que está ubicada en Naguanagua, estado Carabobo. Cargaron con documentos y medicamentos.
Vecinos de la zona aseguraron que la Fundación Mavid siempre manifestaba un espíritu de solidaridad con la comunidad, por lo que rechazaron el procedimiento.
Ese día fueron llevados a declarar Wilmer Álvarez, Jhonatan Mendoza y Manuel Armas. Tras varias horas de interrogatorio, les permitieron retirarse del organismo policial, localizado en la zona Plaza de Toros, al sur de Valencia.
El sábado 16, vino a la capital de Carabobo el director nacional del Cicpc, Douglas Rico y en rueda de prensa aseguró que el procedimiento se realizó en flagrancia.
Rico refirió que la acción la adelantaron funcionarios de la subdelegación de Carabobo porque una víctima los buscó para señalar que compró una medicina, por 15.000 bolívares soberanos, pero se encontraba vencido y luego no quisieron devolverle el dinero.
“Por ello la víctima de manera indignada, al observar una comisión del Cicpc, le pide que se detenga y éstos al verificar justamente que este medicamento (…) que tiene componentes antibióticos y que en su parte posterior se lee fecha de caducidad del producto: mes 4 de 2015 (…) pero no solamente eso, aquí dice propiedad del Ministerio del Poder Popular para la Salud, prohibida su venta”, señaló Rico.
El allanamiento fue repudiado por numerosas instancias como la Asamblea Nacional y organizaciones de defensa de derechos humanos en el país.
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