Presenciamos días duros en Venezuela a merced de un régimen contumaz, cuya característica manifiesta es su capacidad de disfrazarse magistralmente de casta paloma víctima permanente del imperialismo, para de esta manera sentirse con manos libres de aplicar su precepto teórico del “fin justifica los medios”, mediante el cual puede asesinar, socavar los bienes de la nación, comerciar narcóticos, en el contexto de defender su degenerada revolución.
En esa oprobiosa tarea cuentan con el apoyo de una intelectualidad que malgastó sus neuronas, en la época de la Guerra Fría y el Muro de Berlín, del foquismo guevarista, resumida en la basura ideológica de consignas fraguadas en frases “de los vientos del este soplan sobre el oeste”, “crear un, dos, tres Vietnam”, «la Cuba de Fidel es un paraíso» entre otras, cuya aplicación justificaba el exterminio del contrario ante una supuesta actitud contrarrevolucionaria.
Esta macabra interpretación de ejercer el poder implicó implantar la tortura como política de estado, aplicada en los centenares de asesinatos acumulados desde abril 2002, luego en 2014, 2017, 2018 y ahora en 2019, en los crímenes cometidos entre otros contra Fernando Alban, Óscar Pérez y del citado militar Rafael Acosta, en los centenares de presos políticos en las mazmorras de la Tumba, el Helicoide, Fuerte Tiuna y en Boleíta.
En resumen, para la tiranía que nos azota, hay torturas condenables y torturas justificadas incluso hasta buenas, las condenables las de Alberto Lovera, Jorge Rodríguez padre, Fabricio Ojeda en la década de los 60, las aceptables son todas aquellas que ejecuta actualmente el gobierno “revolucionario” para defenderse de los ataques del imperio.
Aun cuando no lo dicen, esa es la lógica formal con la que pretenden barnizar la barbarie ante la comunidad internacional, ya que en nuestro país el pueblo no come cuento, y reconoce hoy mediante su propio listado a quienes son los esbirros de la dictadura madurista, como lo hizo en su momento con los torturadores de la dictadura gomecista personificados en el chácharo Tarazona, o los de la tiranía perejimenista identificados en Pedro Estrada, Silvio Sanz, Barretico y tantos otros que terminaron en el muladar de la historia.
Por tanto, a todos aquellos que han exterminado vidas, violentado los derechos humanos, sus delitos no tienen prescripción alguna, y sin excepción deberán responder, ante la justicia del estado que surgirá con el restablecimiento del orden constitucional hoy desmantelado.
