Laidy Gómez: Acusaciones falsas buscan deslegitimar poder político en Táchira

“Es una acción que tendrá que determinarse. Le dan continuidad a un hecho del que hoy me desmarco porque es público, notorio y comunicacional que no he tenido, tengo, ni tendré, vínculos con personas que actúen al margen de la ley, ni generen violencia en el territorio venezolano”, destacó la gobernadora del Táchira.

Para Gómez los señalamientos son una infamia, una bofetada política que busca deslegitimar el ejercicio del poder político que se desarrolla en Táchira y es una difamación, al pretender asociarla a grupos al margen de la ley.

«Es público, que en el Consejo Legislativo del Táchira, el viernes pasado anunciaron que había abandono del cargo y que asumirían la gobernación los diputados de izquierda. La acción demuestra la finalidad política que hay para que el ejercicio del poder legítimo quede en manos de quienes no tienen la calificación popular, ni legitima del pueblo.

La controversia política es válida en escenarios políticos y en igualdad de condiciones, no sobre hechos falsos, injuriosos y mentirosos, eso corresponde a acciones que se refutan porque nunca se ha sido, ni se será parte de acciones al margen de la ley, precisó la mandataria del Táchira.

Gómez, dijo que está abierta a cualquier tipo de investigación que dilucide la verdad, siempre y cuando este apegadas al Código Orgánico Procesal Penal.

“No me puede afectar ninguna investigación. Si existen investigaciones por grupos irregulares que estén deteriorando la soberanía de los venezolanos que avancen”, afirmó.

Ante la pregunta si teme por lo que pueda devenir de los señalamientos hechos en su contra, la mandataria regional afirmó que como todos los venezolanos, ella también quiere tener libertad.

“Nadie quiere que lo priven de libertad por un delito que no ha sucedido o no ha cometido. Soy una mujer dirigente social, luchadora política, madre de una niña de nueve meses que todavía en las noches espera a su mamá para recibir lactancia y en una situación donde parece que no existe garantías cualquier venezolano se preocupa”.

Aclaró que no saldrá a esconderse, tampoco andará fugitiva, ni abandonará el ejercicio del poder porque no ha cometido ningún delito.

“Tengo una hija que quiero criar y educar en Venezuela y por ella no me quiero ir, ni me voy a esconder. A mi hija no le voy a enseñar que la libertad no se defiende”, recalcó.

A Laidy Gómez, nada le sorprende, teniendo en cuenta las acciones que ha venido adelantando el gobierno de Nicolás Maduro.

De acuerdo a la mandataria si permiten que un niño muera en un hospital porque no hay medicamentos o que los estudiantes vayan a las escuelas sin comida y que los venezolanos fallezcan por diversos motivos que ellos (el régimen) no ha podido recomponer, no sorprende cualquier acción ilegitima que pretendan generar para perturbar el ejercicio del poder político en la región.

“La clase política en Táchira que se llama revolucionaria, no termina de aceptar ni comprender que el ejercicio político en la región lo está desarrollando una demócrata electa por el pueblo. Les recomiendo que si quieren llegar al poder político que se ejerce desde la gobernación del Táchira, eso se logra con votos (…) aprendan a ganarse el afecto del pueblo y a ganar unas elecciones”.

A través de imágenes impresas, la gobernadora demostró cual fue su agenda desarrollada los días 21, 22 y 23 de febrero  y explicó que no hubo planes ocultos porque su desempeño fue reseñado no solo en redes sociales, sino también en medios de comunicación.

Vinculados al caso

La gobernadora del Táchira aclaró que los vinculados a los hechos del 22 de febrero, no tienen la investidura otorgada en la denuncia hecha por el Ministerio Público.

“Vinculan al prefecto del municipio García de Hevia en esa situación y lo identifican como el señor Camilo Roso. Debo destacar que Camilo Roso nunca ha sido prefecto de este municipio, jamás ha sido designado durante mi gobierno con esa envestidura, ahí se cae esa mentira”.

Por otra parte, explicó que la gobernación del Táchira tiene 20 comisionados sociales a lo largo y ancho del territorio regional y Loryi Silva, hace parte del grupo de ese grupo de 20 funcionarios y no es la asistente de la gobernadora.

En el caso de Silva, su función es la inspección de obras públicas en la zona norte del estado, además de desarrollar actividades de acción social en escuelas de la zona.

Cada uno de los afectados con esta situación, -detalló Gómez-  tendrá que determinar cuales son las acciones individuales a ejercer.