El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guyana mostró su beneplácito ante la notificación de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya de que celebrará audiencias orales sobre la disputa fronteriza de ese país con Venezuela del 23 al 27 de marzo de 2020.Guyana pretende que la corte, ante la que presentó el caso en marzo de 2018, valide el Laudo Arbitral de París emitido en 1899, que trazó la frontera entre ambos países y que fue denunciado por Venezuela ante la ONU en 1962 por considerar que no se ajusta a derecho.
En esa ocasión Guyana aceptó que el trazado de 1966 no contaba con la garantía y la justicia adecuada, el territorio en 1899 pertenecía a la mayor potencia mundial de la época el Reino Unido y aceptó llegar a un pacto con Venezuela a través del acuerdo de Ginebra.
Guyana trata de obtener de la CIJ una sentencia definitiva y vinculante sobre el Laudo Arbitral de 1899, que estableció la ubicación del límite terrestre entre la entonces Guayana Británica y Venezuela.
Georgetown pretende que la CIJ determine que el Laudo Arbitral sigue siendo válido, además de que ratifique que la región del Esequibo le pertenece a Guyana y no a Venezuela. Sin embargo Venezuela no reconoce la jurisdicción de la corte y menos en la disputa,
Guyana presentó el caso ante la CIJ después de que el secretario general de las Naciones Unidas, el portugués António Guterres, se pronunciara a favor de que la disputa sobre la validez del Laudo Arbitral y el límite resultante deben ser resueltos por la corte de La Haya.
Los guyaneses aprovecharon la circunstancia de inestabilidad y crisis de Venezuela, además de la inacción del chavismo en la respuesta para llevar el caso ante la corte. Sin embargo el acuerdo de Ginebra resalta la necesidad de encontrar un acuerdo amistoso y satisfactorio de las partes.
La ONU designó al noruego Dag Halvor Nylander para ayudar a negociar un acuerdo a fines de 2017, pero concluyó que no se habían hecho progresos significativos para la resolución de la disputa territorial.
La disputa fronteriza de un siglo se intensificó en mayo de 2015 cuando se encontró petróleo en las aguas en litigio frente a las costas de Venezuela, que tiene un reclamo histórico sobre tierra y aguas.
Venezuela ha declarado durante mucho tiempo que el tribunal con sede en La Haya, que es el principal órgano judicial de la ONU, no tiene jurisdicción para atender el caso fronterizo presentado por Guyana.
La región del Esequibo, representa más de 150.000 kilómetros el equivalente a dos tercios de Guyana. Georgetown ha permitido que decenas de empresas, europeas, asiáticas y americanas exploten libremente las riquezas minerales de la región, como oro, bauxita, diamantes e incluso madera, además del petróleo en aguas por delimitar.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guyana indicó que espera que Venezuela participe en las audiencias.
«El Gobierno de Guyana acoge con beneplácito la posibilidad de una decisión final y vinculante de la Corte que resuelva definitivamente esta controversia de larga data, y permita a Guyana y Venezuela desarrollar relaciones como estados vecinos», señaló en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores.
En 2015 el gobierno de Nicolás Maduro emitió un decreto presidencial que dictaba una orden administrativa de defensa del país, con una demarcación que incluía como propias todas las aguas del Atlántico frente a la costa de Esequibo.
Esta maniobra generó el rechazo del Gobierno guyanés y disparó la tensión entre las dos partes.
