Desde que se decretó la emergencia, el 13 de abril, han ocurrido detenciones arbitrarias al amparo de esa decisión: trabajadores de la salud, periodistas, ciudadanos de a pie. Los casos abultan los recuentos de las organizaciones defensoras de derechos humanos
El más reciente informe de la organización defensora de derechos humanos Foro Penal de Venezuela da cuenta ya no solo de detenidos por razones políticas, sino además de la irrupción de una «modalidad» adaptada a los tiempos de pandemia: las detenciones arbitrarias de siempre, pero motivadas por la situación de emergencia.
El documento del Foro Penal del pasado mes de marzo (difundido el 13 de abril) dice lo siguiente: «Entre el 1° de marzo y el 7 de abril de 2020 (fecha de cierre de este reporte), hubo 50 personas arrestadas y se observó un incremento, en cuanto al número de detenciones arbitrarias con fines políticos, con respecto al mes de febrero».
Y destaca que luego del decreto de alarma nacional del 13 de marzo a la fecha de cierre del informe (7 de abril) contabilizaron 33 detenciones arbitrarias.
Los abogados del Foro Penal explican que «algunas autoridades han asumido el control total de la población», más allá de la letra del Decreto 4.160 del 13 de marzo relativo a la emergencia. Y apuntan que recibieron reportes de todo el país sobre «retención masiva de ciudadanos durante varias horas, por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, por no usar tapabocas o por no acatar los horarios establecidos en los toques de queda que se han implantado en cada región».
Explican lo que sucede: «Durante la detención, en algunos casos, a estos ciudadanos les dan una ‘charla informativa’ o les implementan castigos tales como: hacer ejercicios ‘saltos de rana’ o ‘flexiones’ y repetir frases, mientras practican estos ejercicios. Luego son liberados. En otros casos, se observó que estas personas son fotografiadas o grabadas y su identidad es revelada en redes sociales».
El 4 de abril, Provea también advirtió sobre las detenciones propiciadas por la emergencia: «Se está privando de libertad a personas por no usar el ‘tapabocas’ o permanecer en grupos en la calle o en viviendas de manera festiva. Es comprensible que las autoridades se esfuercen en garantizar que las personas cumplan las medidas preventivas, pero privarlas de libertad porque incumplen recomendaciones es un abuso, una detención arbitraria. Así sea por pocas horas o días».
Provea también hizo otra denuncia: «Igualmente se han realizado detenciones de personal de salud por exigir derechos. Y alguno no detenidos pero amenazados de ser privados de libertad».
Y abordó lo que ocurre con los medios y los comunicadores sociales: «Maduro y su cúpula se ha empeñado en imponer una verdad oficial. Solo ellos pueden informar sobre la situación de la emergencia de salud en Venezuela. El que se atreva a dar cifras, desmentir a la vocería oficial o simplemente informar de algún caso es amenazado e incluso detenido».
A continuación, algunos de los casos destacados de detenciones arbitrarias ocurridos durante los días de cuarentena.
Eduardo Galindo Peña fue detenido aproximadamente de las 17:00 horas en su casa, ubicada en el sector José Antonio Páez de San Fernando de Apure, por el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) a propósito de una nota publicada en su página web Senderos de Apure.
El cuerpo de seguridad efectuó la detención sin orden de allanamiento y sin la presencia de algún fiscal. Yoleide Rodríguez (esposa) y Leonardo Galindo (hermano) también fueron retenidos tras negarse a entregar la laptop, el celular y otras herramientas de trabajo del periodista. El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa (SNTP) denunciaron los hechos y siguen el desarrollo del caso.
El gineco-obstetra Luis Araya fue desaparecido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) alrededor de las 15:30. El cuerpo de seguridad irrumpió en su consultorio en Carora (Lara) sin mostrar orden de aprehensión. Fue detenido por una imagen en su estado de WhatsApp en la cual diferencia la pobre indumentaria de un médico y el kit de bioseguridad de un político.
En la mañana del 16 de abril, la ONG por la defensa de los derechos humanos Movimiento Vinotinto informó que el médico se encontraba en buen estado, en la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) de Barquisimeto. Manuel Virgüez, de Movimiento Vinotinto, denunció que Araya permaneció incomunicado durante seis horas.
En la tarde del mismo 16 de abril, el tribunal 11 de Carora le dictaminó medida de presentación cada 30 días y fue imputado por el delito de “instigación al odio”.
Gerónimo Sifontes, párroco de la iglesia Santo Domingo de Guzmán (sector Las Cocuizas) y coordinador de Cáritas en Monagas, fue detenido alrededor de las 17:00 hasta las 21:00 del miércoles santo.
Fue llevado desde la iglesia hasta el Comando de Zona 51 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Maturín tras colocar un altar en la entrada de la iglesia con la imagen de El Nazareno, una bandera de Venezuela con perforaciones y una bandera negra con la frase “Tengo sed”.
El sacerdote también hizo un recorrido en su vehículo con la imagen por la zona. Fue liberado posteriormente por instrucciones del jefe de la Zodi de Maturín. Al respecto, la gobernadora de Monagas, Yelitze Santaella, dijo: “¿Estuvo cinco horas? Yo lo hubiese dejado preso más tiempo”.
Gloria Molina asegura que ha sido acosada, amedrentada y amenazada por funcionarios de la alcaldía del Municipio Sucre de Barinas desde que el 7 de abril compartió una foto en un grupo de WhatsApp en la que se ven dos vehículos surtiéndose de gasolina en una estación que ya estaba cerrada al público. La foto fue tomada desde la antigua sede de la alcaldía cuando acompañó a una empleada a buscar unos documentos.
El 14 de abril, la Federación Nacional de Sindicatos y Colegios Profesionales de Trabajadores de la Educación de Venezuela (Fenatev) hizo una denuncia pública para advertir sobre cualquier acusación, atentado o atropello a la libertad de la docente.
Desde la circulación de la foto, concejales y ciudadanos temen que la GNB pueda negar el suministro de combustible.
Andrea Sayago fue interrogada por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y detenida por la policía estatal de Trujillo tras compartir en su estado de WhatsApp fotografías de supuestos resultados positivos de Covid-19 realizados en el laboratorio del Hospital Universitario Dr. Pedro Emilio Carrillo.
Luego de 48 horas de detención, cumple arresto domiciliario imputada por uso indebido de información privilegiada a cargo de funcionario público.
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) manifestó que se trata de una detención arbitraria. El Colegio de Bioanalistas de Carabobo y la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud) piden su libertad.
No fue un entrenamiento militar ni una rutina de ejercicios en la avenida Tricentenaria, sino una retención masiva de ciudadanos quienes fueron sometidos a castigos físicos por parte de la GNB y la Policía Nacional Bolivariana. Además de hacerles trotar como reclutas, fueron obligados a repetir las consignas: “No debo salir de casa” y “Debo usar tapabocas”.
Durante la retención, no recibieron información sobre Covid-19 y las medidas de prevención ante la propagación del virus. Y, además, incumplieron la norma de distanciamiento social. La medida ha generado miedo en los habitantes de la zona, puesto que las fuerzas de seguridad retienen a gente en la calle de manera arbitraria.
Provea recibió y procesó la denuncia de esta situación. En otras regiones, según se ve en redes sociales, se aplican medidas similares.
Alrededor de 60 pasajeros provenientes de San Antonio del Táchira fueron detenidos en Barquisimeto y recluidos bajo llave en la Villa Bolivariana de esa ciudad, que “funciona” como centro de “aislamiento preventivo”.
Desde la fecha de detención, deben cumplir un confinamiento por 15 días y hasta 15 personas pueden estar en un mismo apartamento y se han quejado por la falta agua y comida. Para el 5 de abril habían llegado 4 autobuses más al lugar. Se calcula que, al menos, 200 personas se encuentran recluidas en la construcción.
El caso fue reportado por Provea a los oficiales de la alta comisionada de las Naciones Unidas.
Julio Molinos, Carlos Carmona y Maglis Mendoza denunciaron la crisis del Hospital Manuel Núñez Tovar de Maturín tras ser decretado como hospital centinela del estado. Y alertaron, además, sobre la precaria situación de todo el sistema de salud monaguense.
Molinos fue abordado por la Guardia Nacional Bolivariana e imputado posteriormente por los delitos de incitación al pánico, a la zozobra, agavillamiento e incitación al odio. Cumple arresto domiciliario.
Luis Tovar, representante del partido Voluntad Popular en Monagas, denunció que los médicos Carmona y Mendoza son perseguidos del Conas.
Rubén Duarte fue detenido durante 6 horas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) tras denunciar que el Hospital Central de San Cristóbal carecía de insumos médicos y productos de limpieza para atender la pandemia. No fue maltratado durante el interrogatorio y se reincorporó a sus funciones. Gracias a su denuncia, el principal centro de salud de la ciudad recibió el equipamiento de bioseguridad correspondiente para dos semanas.
El 9 de marzo, en rueda de prensa, el gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, pidió que se le investigara. Y tras esa orden el médico y director del posgrado de la facultad de Medicina de La Universidad del Zulia, Freddy Pachano, fue abordado e investigado por la Dgcim por comunicar -a través de su cuenta de Twitter- sobre supuestos casos sospechosos de Covid-19 en el Hospital Universitario de Maracaibo.
Lo ocurrido con Pachano fue denunciado por Aula Abierta, el Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV y la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de La Universidad del Zulia.
Ligia Margarita Gamboa fue detenida en Las Minas de Baruta por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) tras denunciar, a través de un video difundido en las redes sociales, que recibió atención en el Hospital Periférico de Coche, al que acudió por presentar síntomas de Covid-19.
Gamboa fue acusada de terrorismo, desestabilización, falsificación de documentos y de crear angustia y zozobra en la sociedad. Se desconoce más información oficial sobre su caso.
Con la mira puesta en lo ocurrido durante las protestas sociales de 2014 a 2017, el gobierno anunció que trabaja en un proyecto de ley "contra el Fascismo y el Neofascismo"
En Venezuela la arbitrariedad desde el poder usa el miedo como su arma más eficaz para intentar fomentar la desesperanza, destaca Alí Daniels, al recibir el premio a la Defensa de los Derechos Humanos por su trabajo en la ONG Acceso a la Justicia.
Querían huir de Venezuela, pero no lo lograron. Querían encontrar un trabajo digno pero la mayoría de las ofertas laborales que encuentran en la frontera con Colombia las acercan a la explotación sexual. Están atrapadas en las violencias que sufren quienes sobreviven en los rancheríos instalados en la ribera del río Táchira
